Reabren investigación por muerte de terrorista del MRTA en 1997
Fiscal superior usa argumentos ya desmentidos para reabrir caso de rescate en residencia diplomática de Japón.
Más de 26 años después de que todos los criminales terroristas del MRTA murieran intentando acabar con las vidas de rehenes y los militares que rescataban a estos, una fiscal superior ordenó reabrir las investigaciones por un delincuente.
Se trata de Janet Cárdenas Manrique, representante del Ministerio Público que le ha dado solo diez días útiles a la encargada del caso, para que modifique el archivamiento dispuesto el mes pasado.
Queja de Aprodeh
Como se recuerda, el 22 de abril de 1997, los comandos Chavín de Huántar rescataron vivos a los 72 rehenes que los secuaces de Néstor Cerpa tenían secuestrados. Este delito de los comunistas llevaba casi cuatro meses con sus víctimas sometidas a diferentes torturas, hasta que valientes militares irrumpieron.
En el combate fallecieron los militares Juan Valer y Raúl Jiménez. El juez Carlos Giusti fue alcanzado por una ráfaga de balas atribuida a Eduardo Cruz, sanguinario delincuente conocido en el mundo del hampa como “Tito”.
El magistrado fue rescatado, pero las graves heridas hicieron que perdiera la vida minutos después, y el cuerpo del terrorista apareció muerto al final del operativo.
Tres testigos señalaban que miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) habían capturado al asesino luego de que este intentara infiltrarse entre ellos, con una granada de guerra en una de sus manos. Como ocho rehenes que estaban en esa zona de la residencia contradecían estos testimonios, se decidió no continuar con la investigación preparatoria.
Gloria Cano, abogada de la ONG Aprodeh que antes acusó a los comandos Chavín de Huántar –para, una vez desmentida, cambiar su denuncia por “gallinazos”–, presentó una queja a nombre de la familia del criminal.
La fiscal Cárdenas Manrique la acogió, basándose en los testimonios no corroborados de hace veinte años, así como en la suposición que hace la oenegera de los motivos para dar muerte a “Tito”.
CIDH aceptó la verdad
En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó que no hubo orden de ejecuciones de parte de Alberto Fujimori (presidente del Perú cuando se rescató a los rehenes). Una pericia reveló que este murió por disparos característicos de operativos de rescate.
Por César Rojas
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