Reducción de hacinamiento penitenciario en Perú: Poder Ejecutivo publica decreto sobre aplicación de penas privativas
Se modificó legislación penal.
La aplicación de penas privativas vuelve a estar en el centro del debate. El Poder Ejecutivo, a través del Decreto Legislativo 1585, publicó una serie de mecanismos para deshacinar los establecimientos penitenciarios.
Esta medida cambia artículos en el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, la vigilancia electrónica personal, el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de libertad y el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena. Aquellas modificaciones permiten que un grupo de condenados salgan de prisión con facilidad.
En primer lugar, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de 5 años, en una pena de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. En relación con la pena de vigilancia electrónica, el juez, de oficio o a pedido de parte, podrá aplicarla en sustitución de la pena privativa de libertad menor a 10 años. No obstante, si la condena no es menor a 10 años, pero tampoco supera los 12 años, la pena de vigilancia electrónica personal es acompañada de pena de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. Esto aplica para todos los delitos culposos previstos en el Código Penal.
Es necesario mencionar que la pena de vigilancia electrónica personal no aplica para los sentenciados por delitos de parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, lesiones graves, lesiones leves, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, trata de personas en todas sus modalidades, acoso, secuestro, violación sexual en todas sus modalidades, acoso sexual, tocamientos indebidos, proxenetismo, robo agravado, apropiación ilícita, extorsión, tráfico ilícito de drogas en sus formas agravadas, apología del terrorismo, organización criminal, marcaje, genocidio, desaparición forzada, tortura, la mayoría de los delitos contra la integridad nacional, rebelión, sedición, conspiración, retención ilegal de mando, concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, patrocinio ilegal, peculado doloso y culposo, malversación, cohecho en todas sus modalidades, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y delitos de terrorismo.
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Suspensión de pena privativa
Otro cambio es la suspensión de la pena privativa cuando la condena es menor a 5 años. Sin embargo existe una excepción, debido a que el juez podrá suspender la ejecución de la pena privativa de libertad cuando: esta sea menor a 8 años, el autor o partícipe del delito no tenga antecedentes penales, y sea menor de 25 años al momento de cometer la falta. El plazo de suspensión es de 1 a 4 años y en caso de excepción el plazo de suspensión puede extenderse hasta 7 años.
Asimismo, el juez dispondrá de la reserva del fallo condenatorio cuando se trate de una pena privativa de libertad no mayor de 4 años. Esto también aplica cuando: haya condenas menores a 7 años, el autor o partícipe del delito carezca de antecedentes penales, y sea menor de 25 años al momento de la infracción. El plazo de reserva del fallo condenatorio es de 1 a 3 años y en el segundo caso, el plazo de suspensión es de 6 años. Así lo explicó en el canal de YouTube, Tribuna Constitucional, el doctor en Derecho, Guido Águila Grados.
Prisión preventiva
El juez podrá dictar prisión preventiva cuando la sanción sea superior a 5 años. Esta decisión tendrá que ser revisada cada seis meses, desde su ejecución hasta el tiempo que dure, por un magistrado de investigación preparatoria. En caso se ordene la cesación de la prisión preventiva, el Ministerio Público podrá presentar un recurso de apelación que impida la excarcelación del imputado. El Decreto Legislativo 1585 entra en vigor el viernes 24 de noviembre a escala nacional y en los diferentes distritos judiciales.
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