Reformas legales frecuentes desestabilizan sistema de justicia penal

Impera la percepción en nuestro medio, con alguna justificación, de que las constantes y reiteradas reformas legales o iniciativas normativas que, a cada cierto tiempo, se implementan o proponen en materia de legislación penal y procesal penal, poco o nada ayudan en la lucha frontal y sistemática contra la criminalidad. No se trata de un problema residual, sino de una contrariedad política de primer orden que afecta las estructuras institucionales y sociales, dada la presencia constante de la criminalidad.

Al contrario, muchas de las reformas legales implementadas, o mejor dicho, preconizadas en los últimos tiempos, como la reimplantación de la pena de muerte, han coadyuvado aún más a desestabilizar o debilitar un sistema de justicia penal ya bastante perturbado o desequilibrado en todos sus extremos, frente al crecimiento desmesurado e incontrolable de una delincuencia cada día más violenta, agresiva, organizada y sofisticada. Se perturba o disloca, además, la poca capacidad de control penal en general, ya de por sí endeble y disminuida por la cantidad de reformas y modificaciones de las que ha sido objeto.

Esto se debe a que no se trata propiamente de iniciativas normativas meditadas o consensuadas con objetivos claros y precisos para luchar contra el crimen, sino, al contrario, se evidencia un manejo calculado para desmerecer aún más la institucionalidad en nuestro medio, con la salvedad de que esto se suscita como parte de las mismas prerrogativas que permite la democracia como régimen de gobierno.

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Se trata de un enflaquecimiento metódico de la justicia, que aunque nunca estuvo a la altura de las circunstancias y necesidades, ahora atraviesa por momentos particularmente álgidos ante la incapacidad de confrontar reformas que provienen desde dentro de la misma democracia. Es una forma de quebrar el sistema de justicia de manera menos dramática, pero igualmente desestabilizadora e incluso más eficaz.

Sistema de justicia como arma política. La justicia se ha convertido en un arma política temible y manipulada por quienes legislan y, en algunos casos, manejan las riendas del Estado como órgano rector, tanto a favor como en contra, dependiendo de las necesidades, de los adversarios y de las circunstancias.

Existe una manipulación sutil del sistema de justicia, sobre todo del sistema penal, a través de la promulgación o reformulación de leyes con el fin de modificar las reglas de juego entre la ley y la democracia, generando demérito y desprestigio. Hablamos de ir inclinando progresivamente el terreno de los hechos a favor del descrédito o el juego político maquiavélico, siempre tomando como referente más importante la institucionalidad judicial.

Se trata de intensificar al máximo la polarización de la población en contra de las autoridades, recurriendo al aparente control o descontrol de la criminalidad como pretexto, incluso buscando que se llegue a situaciones extremas de inseguridad, violencia, delincuencia y protesta social, como paralizaciones, huelgas masivas y protestas sociales, en este caso matizadas por la violencia, la confrontación, la criminalidad y la represión indiscriminada.

Desbarajuste versus criminalidad. Qué mejor escenario para que la criminalidad prospere y se desenvuelva a sus anchas que un sistema estatal de control desequilibrado, desestabilizado, superpuesto o fraccionado, sobre todo por la cantidad de reformas y modificaciones que han afectado gran parte de la legislación penal que lo sustenta.

La solidez de un sistema de justicia radica justamente en la consistencia, la credibilidad y la armonía de sus leyes, que deben ser las características más fundamentales e inherentes como parte de su fortaleza, así como el respeto a la ley.

No se pueden estar modificando las leyes de manera constante e improvisada, muchas veces basadas en criterios coyunturales de quienes gobiernan, no solo porque el crimen en realidad no es un fenómeno puramente jurídico, sino también porque estas acciones desequilibran de manera sistemática el sistema judicial, que mantiene una intensa interacción entre todas sus instituciones.

A pesar de la interdependencia entre las instituciones que conforman la justicia penal, su debilidad es notoria y, en gran medida, se debe a las constantes reformas que afectan los códigos y los procedimientos establecidos.

Nuestro Código Penal, promulgado en 1991, ha sido modificado tantas veces que se requiere una labor minuciosa para saber con certeza qué leyes están vigentes y cuáles han sido derogadas. El respeto al marco legal es una de las claves en la lucha contra el crimen en sus diferentes y variadas modalidades.

Desequilibrar el marco legal. Son las leyes, y solo ellas, las que pueden establecer las diferencias consustanciales entre lo lícito e ilícito, lo legal e ilegal, lo prohibido y lo permitido, y cualquier otra categoría valorativa o interpretativa que pueda surgir en cada caso particular.

Un marco legal constantemente sujeto a modificaciones, reformas y alteraciones, sin un sustento fáctico y real que lo justifique, y menos aún, carente de criterios con objetivos claros, es el escenario ideal para que se tomen decisiones o se implementen acciones equivocadas en materia de política criminal, desmereciendo una práctica judicial acorde con las circunstancias y necesidades.

No es que las leyes no puedan modificarse como resultado de la aparición y desarrollo de nuevas formas de criminalidad; sin embargo, antes que nada, se requieren criterios de valoración o interpretación en los que no primen los intereses políticos o partidarios del momento, que muchas veces resultan tan dañinos como la misma criminalidad.

Hablamos de despolitizar la política penal legislativa de control en todos sus extremos, justamente para evitar que la ley penal se convierta en una tapadera eficaz para encubrir la incapacidad de legislar de acuerdo con las necesidades o los intereses predominantes en cada momento.

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