Subcomisión del Congreso archiva denuncia contra Patricia Benavides
Con siete votos en contra, seis a favor y dos abstenciones.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso desestimó la denuncia presentada contra la fiscal suspendida Patricia Benavides, pese a las graves imputaciones que formuló el Ministerio Público.
Con siete votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, los legisladores decidieron enviar al archivo el informe que calificaba procedente la acusación constitucional.
La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, responsabilizó a Benavides por una serie de presuntos delitos, entre los que figuran cohecho pasivo específico e impropio, organización criminal, encubrimiento personal, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.
No obstante, la mayoría de los miembros de la Subcomisión optó por no dar curso a la denuncia.
Espinoza argumentó que Benavides habría encabezado una presunta red delictiva dentro de la Fiscalía, con el propósito de manipular investigaciones, encubrir irregularidades y favorecer decisiones funcionales que respondieran a intereses particulares.
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Según el documento presentado por la Fiscalía, esta supuesta organización operaba con una estructura jerárquica claramente definida.
“La evidencia revela un patrón sistemático de encubrimiento y abuso del poder fiscal”, sostuvo Espinoza durante su exposición ante el Congreso.
No obstante, la Subcomisión rechazó el informe de calificación que abría paso a una investigación más profunda.
Al no alcanzar la mayoría requerida, el documento quedó descartado, cerrando de momento el camino para una eventual acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación.
El resultado de la votación provocó reacciones divididas en el Parlamento y entre la opinión pública.
Mientras algunos congresistas justificaron su decisión por falta de elementos probatorios concluyentes, otros advirtieron que el archivo de la denuncia debilita la lucha contra la corrupción institucional.
El caso de Patricia Benavides cobró notoriedad desde su suspensión como fiscal de la Nación.
Las investigaciones en su contra la vinculan con presuntos actos de obstrucción de la justicia, incluso durante su gestión al frente del Ministerio Público.
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