Susana Villarán: escándalo empezó en No revocatoria y se prolonga ahora en Rutas de Lima
Susana Villarán hipotecó su conciencia al recibir de Odebrecht y OAS US$ 4 millones para seguir en el cargo.
La adjudicación directa de las Rutas de Lima, el 9 de enero de 2013, a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS fue la punta del iceberg del gran escándalo que llevó a prisión a Susana Villarán de la Puente, la primera alcaldesa elegida por votación popular.
El 13 de febrero, o sea un mes después, la propia Villarán con su siempre gerente municipal José Castro Gutiérrez, firmaron una adenda ampliando la concesión de 30 a 40 años y también para la obra Línea Amarilla.
Justamente el primer trimestre de ese año, en que fueron adjudicadas las obras, "coincidió" con un pedido que hicieron Villarán y Castro por US$ 3 millones a Odebrecht, y US$ 1 millón a OAS para financiar la campaña contra la revocatoria del mandato de la alcaldesa. La Fiscalía de entonces comentó que ambos personajes "estaban hipotecando sus voluntades y su destino".
Sin embargo, la consulta por la revocatoria terminó destituyendo a la mayoría de regidores de su partido, pero nó a Villarán, quien postuló en 2015 a la reelección logrando apenas el 10% de los votos. En una ocasión, Susana Villarán dijo que estuvo arrepentida, pero admitió haber recibido el dinero para la revocatoria.
El juicio a Villarán
Luego de su fracaso electoral, llegó la hora en que Susana Villarán y los beneficiados con las concesiones ediles, comparecieron ante la justicia. Los colaboradores eficaces, como Jorge Barata (Odebrecht) y Leo Pinheiro (OAS), ratificaron que entregaron en total US$ 10 millones a Villarán.
El Mnisterio Público sostuvo que las dos empresas recibieron a cambio concesiones como Vías Nuevas de Lima (a cargo del consorcio Rutas de Lima). El mencionado consorcio tiene en sus manos autopistas, infraestructuras, vías segregadas , puentes peatonales y, especialmente, el manejo, control y cobranza de los peajes en las zonas norte, sur y centro de Lima. Es decir, un poder omnímodo.
El juez Chávez Tamariz
El 15 de mayo de 2019, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión condicional (y no 36 meses pedidos por la Fiscalía) porque no era necesario más tiempo - según él - para culminar la investigación. Estamos a enero de 2024 y el proceso se sigue dilatando, tanto que otra vez se ha producido una prórroga.
El propio Chávez Tamariz aplazó ayer la audiencia en la que debió resolverse las acusaciones de corrupción contra Susana Villarán y ejecutivos de Odebrecht. Se aplazó la audiencia y se postergó también las responsabilidades en el desastroso manejo del peaje, en especial de las tarifas.
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