TC precisa alcance de investigación fiscal contra presidente en ejercicio: caso Dina Boluarte establece marco jurídico
Se fijaron límites claros respecto hasta dónde puede llegar el Ministerio Público frente a un mandatario.
El Tribunal Constitucional (TC) trazó un marco jurídico para delimitar las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte durante el ejercicio de su mandato.
En una decisión de alto impacto institucional, los magistrados ordenaron suspender los procesos en curso hasta la conclusión de su gestión, pero autorizaron a la Fiscalía a desarrollar diligencias acotadas que no vulneren la dignidad del cargo presidencial.
El fallo establece que el Ministerio Público puede tomar declaración a la jefa de Estado, requerir información y solicitar pruebas documentales, siempre bajo estricta reserva.
El TC advirtió que la Fiscalía de la Nación tiene la obligación de garantizar el secreto de toda indagación, con el fin de evitar filtraciones que puedan menoscabar la investidura presidencial.
Si este mandato no se cumple, la investigación pasará a un fiscal supremo designado por la Junta de Fiscales Supremos, y se notificará lo ocurrido a la Junta Nacional de Justicia para eventuales sanciones.
Los magistrados precisaron que la declaración de la mandataria solo puede tomarse una o dos veces y debe ser en Palacio de Gobierno, con previa coordinación de fecha y hora, y con la asistencia de un abogado defensor.
El fallo prohíbe cualquier acto de investigación que implique medidas intrusivas, como allanamientos, por considerarlas incompatibles con la dignidad del cargo.
El TC señaló, además, que las diligencias preliminares tendrán validez, pero que todo procedimiento que exceda lo contemplado en el artículo 117 de la Constitución quedará en suspenso hasta que Dina Boluarte deje la Presidencia.
Aquel artículo restringe la responsabilidad penal de un mandatario en funciones a delitos muy específicos, como traición a la patria, impedir elecciones o disolver inconstitucionalmente el Congreso.
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La resolución también ratifica las competencias del Parlamento. El Congreso mantiene la facultad de iniciar un antejuicio político, siempre y cuando se refiera a los supuestos del artículo 117.
Asimismo, conserva la potestad de declarar la vacancia por incapacidad moral permanente, conforme al artículo 113 de la Constitución.
El pronunciamiento no solo redefine los alcances de la inmunidad presidencial, sino que también obliga al Ministerio Público a actuar con cautela y dentro de márgenes estrechos.
El Tribunal Constitucional recalcó que todos los casos abiertos contra la mandataria mantienen su validez y serán retomados una vez concluido el actual mandato presidencial.
Con esta decisión, el máximo intérprete de la Constitución peruana intenta equilibrar la protección institucional de la Presidencia con el deber de la Fiscalía de investigar presuntos delitos, fijando reglas que buscan reducir la fricción entre poderes del Estado y otorgar seguridad jurídica en torno a la inmunidad presidencial.
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