Tomás Gálvez y Patricia Benavides denuncian a Delia Espinoza por acoso y abuso: Congreso sacaría a fiscal de la Nación
También le imputan prevaricato, al haber usado alto cargo en contra de la Constitución y el Código Penal.
Luego de revelarse el uso de personal de confianza de Delia Espinoza, titular del Ministerio Público, para hacerle seguimiento, el fiscal supremo Tomás Gálvez denunció a la referida funcionaria por acoso, prevaricato, abuso de autoridad y omisión de actos de función.
En documento ingresado en el Congreso de la República, se detallan los indicios de actos criminales. Se indica que estos empezaron desde el ocho de abril de este año, cuando el Tribunal Constitucional ordenara reponerlo.
“Recurriendo para ello a argucias y a actos arbitrarios y delictivos”, como “pedir explicaciones y aclaraciones a la JNJ”, y pidiendo nuevamente la suspensión de Tomás Gálvez.
Contra la ley
El fiscal supremo precisa que los artículos 99 y 100 de la Constitución (junto al 450 del Código Procesal Penal) limitan el encausamiento penal al Congreso.
Agrega que, el doce de agosto recibió en su oficina a Patricia Benavides. Al salir, personal de Integridad y de Imagen Institucional del Ministerio Público se había ubicado “estratégicamente” cerca para filmarlos subrepticiamente.
“Cuando los efectivos de seguridad que nos acompañaban los intervinieron, dijeron que estaban cumpliendo órdenes superiores”, reclama, imputando a Augusto Paredes y Edwin Julca Quevedo.
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Tres días después, cuando conversaba con José Castillo Alva (investigado por diversos fiscales en dos casos) en el restaurante El Damero, Tomás Gálvez reconoció a dos personas que lo vigilaban como trabajadores del Ministerio Público.
“Cuando se dieron cuenta que los había identificado, salieron del recinto inmediatamente”, añade. Esto dio paso a un informe de la gerente de Integridad Institucional, Daniela Millones, elevado hasta Delia Espinoza, quien asumiría una investigación penal por el encuentro en el local.
Anoche, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que señala que es una institución que no acostumbra realizar reglaje o marcaje a funcionarios o autoridades, porque ello constituye un delito.
Por su parte, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, presentó otra denuncia constitucional, en la que señala que Delia Espinoza, “de modo sui géneris, y lejos de precisar las razones jurídicas y fácticas que permiten ordenar o asignar el Despacho Fiscal respectivo de mi patrocinada, incurre en hacer una revelación de índole personal, con claro ánimo denigrante”.
Discriminadora
Patricia Benavides pide diez años de inhabilitación para Delia Espinoza, por trato “humillante, discriminatorio y denigrante” en su contra.
La aún fiscal de la Nación tiene otras denuncias constitucionales, y ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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