Tribunal Constitucional resuelve liberar a Nicolás Hermoza Ríos por razones humanitarias
Exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. padece demencia senil.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La decisión dicta al Poder Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a ejecutar de inmediato las medidas necesarias para su liberación.
La resolución responde a razones humanitarias debido a que Hermoza Ríos, de avanzada edad, padece demencia senil. Los magistrados subrayaron que este fallo no implica la anulación de las condenas previas que pesan sobre Hermoza Ríos.
El exgeneral fue sentenciado por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y peculado, además de estar vinculado a graves violaciones de derechos humanos, como las masacres de Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, perpetradas durante el régimen de Alberto Fujimori.
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Asimismo, el TC dejó claro que el procesamiento deberá cumplir con el pago de la reparación civil establecido por los tribunales. En su resolución, el Tribunal Constitucional sostuvo que la medida se fundamenta en el principio de humanidad que rige el sistema de justicia, considerando el grave deterioro físico y mental del condenado.
“La protección de los derechos fundamentales trasciende incluso en contextos de cumplimiento de penas”, indicó uno de los magistrados durante la deliberación. La sentencia generó diversas reacciones en la opinión pública, debido a la figura controvertida de Hermoza Ríos y su rol durante una etapa oscura de su actuación durante el gobierno fujimorista.
Organismos de derechos humanos cuestionaron la decisión, mientras que sectores afines argumentaron que la medida no busca impunidad, sino garantizar la dignidad del recluso en sus últimos años de vida.
Hermoza Ríos: Inpe y PJ deben garantizar medida
El TC también remarcó que la excarcelación no elimina la responsabilidad histórica del exgeneral ni sus obligaciones legales. El Poder Judicial y el INPE deben garantizar que la medida se implemente de manera ordenada y conforme al marco normativo vigente.
Este fallo pone nuevamente en debate el equilibrio entre la justicia punitiva y la aplicación de principios humanitarios, particularmente en casos que involucran crímenes de alta repercusión y personajes públicos de relevancia histórica.
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