Usan decreto de PPK para apartarse de caso Martín Vizcarra
Procuraduría responde a empresas que habrían sobornado a 'Lagarto', investigado por 'Club de la Construcción'.
En vista de que Martín Vizcarra es procesado por presunta colusión agravada, la Procuraduría del Estado sustentó su pedido para que las empresas Obrainsa, Astaldi, IGGSA e Incot Contratistas sean consideradas civilmente responsables en caso de una sentencia condenatoria.
En audiencia del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, el funcionario Luis Bardales presentó como antecedente una casación en el caso de Línea Amarilla, específicamente con el condenado Domingo Arzubialde.
Según el fiscal Germán Juárez, Martín Vizcarra aprovechó su cargo de gobernador regional de Moquegua 2010-2014 para solicitar pagos ilícitos a las referidas firmas. Esto se habría hecho mediante información proporcionada por Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional.
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Por usurpación de funciones se había incluido en el proceso a los ejecutivos Luis Núñez Herrera y Salazar Torres. El empresario Elard Tejeda (Obrainsa) y el exfuncionario del Gore Moquegua José Manuel Hernándes son colaboradores eficaces.
UNOPS concertó una reunión con el Consorcio Hospitalario Moquegua en 2013. Apenas se filtró que la oferta era de S/ 123 millones, emisarios de Martín Vizcarra solicitaron el dos por ciento.
Los abogados de las constructoras intentaron refutar la posición del procurador Bardales, pero este respondió que estos pretendían “invertir el esquema procesal”. Esto sucedía porque, adujo, confundían su pedido de que sean civilmente responsables, con ser personas jurídicas, figura legal diferente.
Por César Rojas
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