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Vicepresidenta del TC critica actuación del fiscal José Domingo Pérez en caso Arsenio Oré

Magistrada Luz Pacheco revela falta de objetividad y carencia del debido proceso.

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Vicepresidenta del TC critica actuación del fiscal José Domingo Pérez en caso Arsenio Oré
Fecha Publicación: 14/08/2024 - 07:24
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Luz Pacheco, vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), expresó su preocupación por las irregularidades en el proceso judicial que involucró al doctor Arsenio Oré, destacando que no se respetaron las garantías del debido proceso durante el allanamiento de su oficina.

En declaración contundente, Pacheco señaló que el fiscal encargado del caso, José Domingo Pérez, no mostró la objetividad requerida, lo que motivó la anulación de la decisión del fiscal superior que había convalidado su permanencia en el proceso.

"El Tribunal Constitucional ha establecido que antes de proceder con un allanamiento, un fiscal o juez debe garantizar que se respetará el secreto profesional, de lo contrario, se incurrirá en delito", afirmó Pacheco, subrayando la nueva doctrina vinculante que el TC decidió implementar.

Esta decisión surge tras los reclamos del doctor Oré, quien recibió una notificación que indicaba una supuesta obstrucción a la justicia.

Pacheco también hizo énfasis en que la demanda presentada por el doctor Arsenio Oré aún es incluida en la agenda del Tribunal Constitucional, lo que deja en suspenso la resolución final sobre el caso.

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"El doctor Oré en ningún momento se opuso al allanamiento. Es más, colaboró con la intervención, permitiendo el acceso a sus libros de contabilidad y otras áreas de su estudio", indicó la magistrada, desmintiendo cualquier insinuación de obstrucción.

Este pronunciamiento de Luz Pacheco subraya la importancia del respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales, especialmente en procedimientos judiciales que involucran a profesionales del derecho.

La magistrada reiteró que el Tribunal Constitucional seguirá velando por la justicia y la legalidad en cada caso que llegue a su instancia, asegurando que ninguna acción judicial vulnere las garantías constitucionales de los ciudadanos.

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