Estados Unidos endurece acciones migratorias: ICE prioriza delitos específicos para ordenar deportaciones
Expertos cuestionan que las expulsiones rápidas se ejecuten sin evaluación individual ni debido proceso.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reforzó su estrategia de control migratorio en Estados Unidos al poner el foco en ciertos delitos que considera prioritarios para ejecutar deportaciones, incluso sin necesidad de una audiencia judicial previa.
Bajo la figura de la “deportación acelerada”, las autoridades migratorias pueden ordenar la expulsión inmediata de personas que ingresaron al país sin documentos válidos, utilizaron papeles falsos o violaron las condiciones establecidas en sus visas.
Esta medida, que evita el paso por tribunales migratorios, busca agilizar los procedimientos administrativos, aunque provocó críticas por la falta de revisión legal y las posibles consecuencias en los derechos de los afectados.
Factores que aceleran la deportación
ICE centró sus operativos en individuos que representan una amenaza para la seguridad pública o fueron acusados de delitos graves.
Entre los factores que aceleran la deportación figuran los antecedentes penales, el ingreso irregular reciente y la presentación de información fraudulenta en el proceso migratorio.
Nueva normativa
Durante el segundo mandato de Donald Trump, el gobierno federal amplió el uso de la expulsión acelerada. Originalmente, esta herramienta solo se aplicaba a personas detenidas a menos de 160 kilómetros de la frontera y dentro de los 14 días posteriores a su entrada al país norteamericano.
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No obstante, la nueva normativa permite que ICE la utilice en cualquier parte del territorio estadounidense y sin límite de tiempo desde el ingreso.
Expresan preocupación
Las comunidades inmigrantes expresaron su preocupación ante estas acciones, especialmente por el aumento de operativos sorpresivos.
Organizaciones defensoras de derechos migratorios advierten que la falta de garantías judiciales puede exponer a personas a expulsiones injustas. A pesar de ello, ICE continúa con su política de priorizar la seguridad interna como criterio central para la deportación.
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