Alejandro Toledo recuperaría ocho inmuebles al ser favorecido por nueva ley de extinción de dominio
Nueva legislación frena incautaciones por delitos sin condenas definitivas.
El expresidente Alejandro Toledo podría recuperar ocho propiedades valorizadas en más de 6.5 millones de dólares gracias a la reciente aprobación de la Ley 32326, que modifica de manera sustancial los criterios legales para aplicar la extinción de dominio.
El Ministerio Público advirtió que esta norma representa “un golpe a la lucha contra el crimen” y afectaría procesos emblemáticos vinculados a la corrupción.
La nueva legislación exige una sentencia condenatoria firme para que el Estado pueda apropiarse de bienes relacionados con actividades ilícitas, lo que deja sin efecto numerosas incautaciones ejecutadas en procesos en curso.
En ese contexto, Alejandro Toledo presentó una solicitud para archivar la demanda sobre su casa en La Molina, amparado en el hecho de que su sentencia —de 20 años y seis meses de prisión por corrupción— aún se encuentra en apelación.
El penalista Andy Carrión explicó que “en el caso de Toledo, la sentencia todavía no es firme, ya que fue emitida en primera instancia pero aún no se encuentra validada, y esa ley le favorece, pues puede seguir disfrutando de sus bienes”.
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El pedido de Alejandro Toledo se suma a un intento previo por cumplir su condena bajo arresto domiciliario, opción rechazada por el Poder Judicial. En 2023, un juzgado especializado admitió una demanda de extinción de dominio para ocho propiedades vinculadas al exmandatario, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug.
Sin embargo, bajo el nuevo marco legal, esas acciones quedarían suspendidas mientras no existan sentencias definitivas contra ellas.
Los inmuebles se distribuyen entre Lima y Tumbes, incluyendo una vivienda en el balneario de Punta Sal, un departamento en La Molina y bienes registrados a nombre de Fernenbug en un edificio de Surco.
El Ministerio Público alertó que este cambio también podría favorecer a otros investigados sin condena firme como Vladimir Cerrón, Susana Villarán y Peter Ferrari, lo que, según la Fiscalía, no solo debilita las investigaciones, sino que daña la imagen del país en el ámbito internacional.
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