Congreso: Abogados Aníbal Quiroga y Humberto Abanto asumen defensa del Parlamento ante controversias de leyes 32107 y 32130
Letrados brindarán asesoría 'ad honorem'.
En una reciente decisión, la Mesa Directiva del Congreso de la República autorizó la participación ad honorem de los abogados Aníbal Quiroga León y Humberto Abanto Verástegui para reforzar y apoyar la defensa jurídica de la institución legislativa en los procesos de inconstitucionalidad que se promuevan contra las Leyes 32107 y 32130.
La medida, acordada en sesión de la Mesa Directiva, responde a la necesidad de fortalecer la defensa del Congreso ante los cuestionamientos constitucionales que podrían surgir contra dos normativas clave en la legislación peruana.
Ambas disposiciones, que abordan cuestiones de gran relevancia jurídica, fue objeto de debate en diversos sectores de la sociedad.
Congreso: ¿Qué establece la Ley 32107?
La Ley 32107, establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el marco del ordenamiento jurídico peruano.
Esta legislación fue diseñada para alinearse con los principios establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
En este contexto, el estatuto establece que nadie podrá ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra relacionados con hechos ocurridos antes del 1 de julio de 2002, bajo pena de nulidad y responsabilidad funcional.
Además, ningún acto anterior a esa fecha podrá ser calificado como un delito de lesa humanidad o crimen de guerra.
La norma precisa que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comenzó a regir en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, de acuerdo con el artículo 126 de dicho estatuto. Este tiene competencia temporal únicamente sobre los hechos ocurridos después de su entrada en vigor en el Perú.
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Por otro lado, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre de 2003, conforme con su artículo VIII. Por tanto, esta convención solo se aplica a los hechos ocurridos después de esa fecha en Perú.
La norma también señala que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad prescriben conforme a los plazos establecidos en la legislación nacional.
Finalmente, se establece que el incumplimiento de las disposiciones de esta ley constituye una violación al principio de legalidad y a las garantías del debido proceso, siendo nula e inaplicable cualquier sanción impuesta en sede administrativa o judicial.
¿Qué cambios introduce la Ley 32130 en el Código Procesal Penal?
Por su parte, la Ley 32130 modifica el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) con el objetivo de fortalecer la investigación penal y mejorar el desempeño de la Policía Nacional del Perú en el esclarecimiento de delitos.
Según este precepto, aprobado por el Congreso de la República, el Ministerio Público, como encargado de la acción penal, asume la dirección jurídica de la investigación.
Esto significa que debe guiar las acciones de la Policía conforme a los lineamientos establecidos por la ley, con el fin de obtener pruebas y otros indicios necesarios, asegurando así el respeto a los derechos procesales de las personas.
En este marco, se determina que la Policía Nacional del Perú (PNP), será la responsable de la investigación preliminar del delito. Por lo tanto, ejecutará las diligencias correspondientes de acuerdo con sus normativas y reglamentos.
Esta reforma promueve un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la PNP respetando las funciones de cada uno en la investigación y garantizando los derechos fundamentales de los imputados.
Cabe mencionar que el abogado Aníbal Quiroga es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, y Humberto Abanto es recurrente invitado en eventos del Parlamento y letrado del gobernador regional Wilfredo Oscorima.
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