Delia Espinoza reclama a Dina Boluarte por no haber sido convocada a mesa de diálogo con mineros informales
La fiscal de la Nación remitió un oficio de Estado que representa un riesgo que no haya sido considerada en la reunión.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó este lunes su “preocupación” y “extrañeza” ante la presidenta Dina Boluarte por no haber sido convocada a la mesa de trabajo sobre el proceso de formalización minera, instalada por el Ejecutivo tras recientes protestas de mineros artesanales e informales en varias regiones del Perú.
A través de un oficio remitido al Despacho Presidencial, Espinoza Valenzuela cuestionó que el Ministerio Público haya sido excluido de esta jornada, pese a que el Gobierno sí convocó a otros actores del sistema de justicia.
En la lista de invitados figuran el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la titular del Poder Judicial, Janet Tello; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; representantes de gremios mineros, así como miembros de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento. Ninguno de estos organismos ejerce funciones de persecución penal, como sí lo hace el Ministerio Público.
“Nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no ha sido convocado a esta mesa de trabajo”, señaló Delia Espinoza en el documento dirigido a Dina Boluarte.
“La formalización minera constituye un aspecto esencial de política pública que incide en la prevención de la minería ilegal y otras actividades ilegales conexas, como el crimen organizado, lavado de activos, trata de personas, corrupción, entre otros; lo que exige una respuesta articulada que incorpore desde su diseño el componente penal”, advirtió.
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Fuentes de la Fiscalía confirmaron que el Ejecutivo no envió ninguna invitación formal ni al Ministerio Público ni a representantes institucionales, pese a que la institución forma parte activa de la Comisión Multisectorial de seguimiento a la formalización minera y combate a la minería ilegal.
Delia Espinoza recordó que su institución lidera la persecución del delito y ejerce la acción penal pública, por lo cual, advirtió, su exclusión compromete la “eficiencia y legitimidad” de cualquier política que se quiera impulsar en esta materia.
“Esta decisión -al haberse convocado a otras entidades del sistema de justicia como el Poder Judicial- representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular, pues nuestra participación como órgano constitucional encargado de dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal, resulta coherente con la necesidad de asegurar que cualquier proceso de formalización minera se fundamente en la legalidad, transparencia institucional y la sostenibilidad del estado de derecho”, agregó.
Finalmente, subrayó que la Fiscalía mantiene presencia constante a través del fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en materia ambiental, en los esfuerzos interinstitucionales vinculados a la minería informal e ilegal.
“Por lo que la participación del Ministerio Público -a través del fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en materia ambiental- en esta instancia de coordinación interinstitucional es constante y activa”, detalló Delia Espinoza.
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