JNJ exige respuestas de fiscal Delia Espinoza: ¿Por qué liberaron a detenidos del búnker de Ate?
Junta Nacional de Justicia actuó ante inquietudes por posibles fallas en procedimientos importantes de investigación.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, los fundamentos jurídicos que respaldan la liberación de 16 ciudadanos venezolanos arrestados durante un operativo policial en un edificio conocido como “búnker” en el distrito de Ate.
La solicitud, presentada por la Comisión de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, exige al Ministerio Público un informe detallado sobre las diligencias fiscales elaboradas antes y después de la intervención policial del pasado 23 de abril, en la que la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a 21 personas, de las cuales 16 permanecieron detenidas durante varias horas. Posteriormente, todas fueron liberadas por presunta falta de pruebas.
“El requerimiento incluye precisiones documentadas sobre la base legal de dicha liberación, así como el estado actual de las investigaciones, medidas cautelares adoptadas y cualquier otro elemento que permita evaluar la actuación fiscal con objetividad”, indicó el organismo en un comunicado oficial.
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La JNJ adoptó esta decisión ante la preocupación ocasionada por una posible omisión de procedimientos investigativos esenciales por parte del Ministerio Público, lo que según advierte la institución— podría debilitar los esfuerzos del Estado contra la criminalidad organizada y minar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
El operativo, llevado a cabo por la PNP en un inmueble de seis pisos en Ate, respondió a reiteradas denuncias vecinales que señalaban a los ocupantes por actos de microcomercialización de drogas, consumo de alcohol en la vía pública y actividades vinculadas al proxenetismo. Durante la intervención, los agentes hallaron un revólver, municiones y marihuana.
Tras conocerse la liberación de los detenidos, la fiscal Jessica Gomero comunicó que el operativo se desarrolló sin la presencia de representantes del Ministerio Público, lo que dificultó la recolección adecuada de pruebas. Gomero subrayó que “la intervención fiscal es indispensable para garantizar la legalidad y eficacia de este tipo de procedimientos”.
La JNJ recordó que su rol como ente constitucional autónomo incluye la supervisión de la conducta funcional de jueces y fiscales, y reafirmó su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de la institucionalidad en la administración de justicia.
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