Sada Goray habría negociado su libertad con fiscal Marita Barreto, según su exsocio
¿Qué declaró empresario pesquero sobre pacto del millón de dólares?
Juan Ricardo Torres Cubas, empresario pesquero y exsocio de Sada Goray, denunció que la empresaria le confesó haber llegado a un acuerdo económico con la fiscal Marita Barreto con el objetivo de evitar un proceso judicial.
La revelación se produjo durante una entrevista con el programa 'ContraCorriente', en la que el empresario aseguró que Goray le pidió modificar una declaración previa para facilitar su liberación.
“Meses antes de ser detenida, Sada me contó que había llegado a un acuerdo con Marita Barreto para ver su tema de salir libre de este proceso, y que incluso había dado un adelanto importante”, declaró Torres Cubas en el programa conducido por Augusto Thorndike.
Añadió que la empresaria le mencionó un monto específico: “Me habló del acuerdo de un millón de dólares”.
Torres Cubas indicó que la solicitud de Sada Goray incluyó una exigencia directa: cambiar la versión que había entregado dos años atrás al comandante Martínez, en el marco de su primera colaboración con la justicia. “Necesitaba que cambie mi versión, que había dado hace ya dos años, para ir de la mano con ella”, precisó.
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Según el empresario, la presión continuó incluso después de que Goray fue detenida. Afirmó que ella lo llamó desde su reclusión para coordinar una nueva estrategia de defensa basada en una “nueva colaboración” con las autoridades. “Me dijo que necesitaba de mi apoyo, de mi ayuda”, puntualizó.
Torres Cubas y Sada Goray enfrentan investigaciones conjuntas por presuntamente integrar una organización criminal. Esta nueva declaración introduce una grave acusación contra la coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto, y genera cuestionamientos sobre la integridad del proceso fiscal en curso.
Hasta el cierre de esta nota, ni la fiscal Barreto ni el Ministerio Público emitieron pronunciamientos oficiales sobre las afirmaciones del empresario. La denuncia, sin embargo, añade tensión al entorno judicial y plantea dudas sobre la transparencia del tratamiento legal en los casos de alta repercusión política y empresarial.
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