Ecuador dará por terminado Estatuto Migratorio firmado con Venezuela en 2010
Medida llega tras un proceso de regularización iniciado en 2024 y recorte de fondos destinados a programas migratorios.
La Asamblea Nacional de Ecuador dio un paso decisivo para poner fin al Estatuto Migratorio firmado con Venezuela en 2010, un mecanismo que durante quince años reguló la situación de miles de ciudadanos en ambos países.
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana aprobó el informe que recomienda la denuncia del tratado, en respuesta a la solicitud enviada por el presidente Daniel Noboa a inicios de agosto.
Seis legisladores oficialistas respaldaron el documento, mientras tres integrantes del correísmo optaron por la abstención.
Con este resultado, el trámite avanzará al pleno, donde se definirá la salida oficial de un acuerdo que marcó la política migratoria ecuatoriana desde la época de los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez.
Aprobación parlamentaria
El asesor jurídico de la comisión, Gandhi Vela, recordó durante la sesión que la Constitución ecuatoriana establece la necesidad de aprobación parlamentaria tanto para la ratificación como para la denuncia de convenios internacionales.
Explicó que en mesas técnicas desarrolladas en agosto se concluyó que el estatuto ya no responde a las necesidades actuales y genera cargas económicas para el Estado.
“Se determinó que ya no cumple con el objetivo para el que fue creado”, señaló Vela al sustentar el pedido.
Plan de regularización
El tratado, firmado el 6 de julio de 2010 en Caracas, permitió durante más de una década que los migrantes venezolanos accedieran a visas temporales y permanentes, así como a procesos de regularización mediante certificados de permanencia.
Estas medidas facilitaron la integración de ciudadanos en situación irregular y evitaron sanciones administrativas derivadas de su estatus migratorio.
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No obstante, en agosto de 2024 el gobierno ecuatoriano implementó un plan de regularización que incluyó a decenas de miles de ciudadanos venezolanos residentes en el país.
En ese contexto se suspendieron fuentes de financiamiento ligadas al estatuto, lo que abrió el camino para que el Ejecutivo solicitara la denuncia formal del acuerdo.
Compromiso internacionales
El informe aprobado por la comisión subraya que la decisión no implica desconocer los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Cita el artículo 416 de la Constitución, que faculta al Estado a denunciar instrumentos cuando así lo exija el interés nacional.
Actualmente, plataformas internacionales estiman que en Ecuador viven alrededor de 440.000 ciudadanos venezolanos, lo que convierte a este colectivo en uno de los más grandes dentro del país andino.
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