Gustavo Petro elige a actor de contenidos para adultos como ministro de Igualdad y agrava crisis política

El Gobierno colombiano intensificó la controversia en torno al Ministerio de Igualdad al designar a Juan Carlos Florián como titular de esa cartera. Aunque el politólogo y defensor de derechos humanos acumula dos décadas de “experiencia” en organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras y Save the Children, su nombramiento causó más ruido por su pasado como actor porno y trabajador sexual, que por sus credenciales profesionales.

El presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento esta semana, tras haber defendido públicamente a Florián desde su etapa como viceministro. “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno”, declaró el mandatario durante un Consejo de Ministros el 15 de julio, en clara alusión a la vicepresidenta Francia Márquez, quien se opuso a su designación.

Florián, quien también reveló ser VIH positivo y haber recurrido al trabajo sexual durante su exilio en París, asumió la dirección de la cartera en medio de un clima de desconfianza. “Vengo de las calles, de la lucha, del activismo de verdad”, escribió en sus redes.

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Sin embargo, su llegada no apaciguó los cuestionamientos hacia un ministerio que se encuentra en un estado de colapso institucional.

Desde su creación como promesa de campaña en 2022 y su reglamentación en La Guajira, el Ministerio de Igualdad acumuló más críticas que logros.

Los relevos constantes en la dirección ejecutiva —al menos tres en los últimos seis meses— causó inestabilidad, mientras que múltiples denuncias internas por acoso laboral, racismo, discriminación y mal manejo financiero lo mantienen bajo observación judicial.

Además, la cartera sigue sin demostrar eficacia en su ejecución presupuestal, mientras su marco legal enfrenta nuevas exigencias de la Corte Constitucional. A ello se suma la decisión del presidente Petro de rechazar una ley de beneficios para madres gestantes por no incluir “a hombres trans ni personas de género fluido”, lo que provocó más tensiones dentro del Congreso.

Aunque supuestamente el objetivo oficial del ministerio es garantizar derechos a poblaciones históricamente marginadas —mujeres, comunidades afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad y LGBTIQ+—, su desempeño está marcado por disputas internas, decisiones unilaterales y escasa capacidad operativa.

El caso de Juan Carlos Florián ejemplifica cómo el Gobierno optó por gestos simbólicos que generan titulares, en lugar de consolidar una estructura institucional funcional.

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