14 mil profesores de miércoles

Hace unos días, el pleno del Congreso aprobó, con 101 votos a favor, en primera instancia, la reincorporación de 14 mil docentes cesados por no haber aprobado el examen para ingresar a la carrera pública en 2014; exigencia del gremio de docentes que lleva años, y que siempre ha traído tensión entre Ejecutivo y Legislativo.

La reciente renuncia de la ministra de educación, luego de pronunciarse contra esta norma argumentando que atentaba contra la meritocracia y asegurando que se observaría, ha generado preocupación en los analistas, pues ha sido leído como una muestra de sumisión política del Ejecutivo frente a un Congreso empoderado. Tal vez, los recientes cambios en otros ministerios también tengan que ver con la necesidad del gobierno de sobrevivir cediendo cuotas de poder.

Algo lamentable, pues es justamente la separación de poderes, fundamentada en los contrapesos políticos, lo que permite el correcto funcionamiento de la democracia representativa. Sin contrapesos, una ley que repone a docentes que no cumplen los estándares mínimos, podría darse, lo que, claramente, sería lesivo para la sociedad.

¿Por qué los congresistas han votado algo que perjudica a nuestros niños? Pues por política: se ha negociado, llegando a acuerdos para alcanzar los votos necesarios en uno o más temas, a los que difícilmente, como ciudadanos, tendremos acceso. Los congresistas que representan a los gremios magisteriales más empoderados, muy probablemente, han empeñado sus votos; en favor de qué, solo el tiempo lo dirá.

El negociar votos es lo normal en la política, sin embargo, lo terrible de este caso es que los parlamentarios no están midiendo las consecuencias, o simplemente no les importan. Creo que todos, sin excepción, sabemos que en el Perú hay un serio problema con la educación, principalmente la pública, y no es un problema de falta de personal, sino que gran cantidad de los docentes son ineficientes y no se encuentran en las condiciones para brindar educación de calidad a nuestros niños; tampoco es culpa del covid-19 que nuestros niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático estén entre los peores del mundo: eso ya pasaba en 2018; lo demostró la prueba PISA de la OCDE.

Y si la educación está mal en las ciudades, en la zona rural la realidad es mucho más trágica. Según me comentaba un buen amigo, exsenador de la república, el término “profesores de miércoles”, que tantas veces hemos escuchado, hacía referencia a que los profesores, en la ruralidad, en muchos casos solo asistían a sus clases de miércoles a viernes.

Otro buen amigo, un cineasta que vive en un caserío de la sierra de Trujillo con su familia, me decía hace poco que, en el colegio público de la zona, al que va su hijo, los padres de familia muchas veces habían tenido que llegar a amenazar a los profesores para que cumplieran con sus horas de clase; de la calidad de la educación, ni hablar, es tan deficiente, que ha decidido reforzar su aprendizaje con plataformas virtuales.

Si esta es la realidad de la educación peruana con los estándares mínimos, qué podría pasar con docentes que ni siquiera los cumplen. Además del poco compromiso de muchos profesores con su profesión, la cantidad de abusos sexuales por parte de docentes a estudiantes es algo que debemos considerar.

Solo en 2022, casi 1,500 docentes fueron denunciados por abuso sexual; menos de 100 fueron sancionados. Ante esta realidad, vale la pena preguntarnos: ¿con quiénes estamos dejando a nuestros niños?

A pesar de que los gremios de docentes sean de los más nutridos del país, y hayan demostrado que son capaces de paralizarlo chantajeándonos con la educación de nuestros hijos (como hiciera la huelga docente del 2017 liderada por el intento de dictador, Pedro Castillo, el profesor con años de licencia sindical), ceder ante sus demandas, es empeñar el futuro de nuestro país.

No solo no se debe aceptar que docentes que no cumplen los requisitos entren a las aulas, sino que se debe elevar significativamente los estándares para tener mejores profesores, que sí enseñen; en lugar de ejércitos de empleados públicos que no hacen más que vivir del Estado dando su mínimo esfuerzo.

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