¡Acabemos con este caos!

La falta de comprensión y respeto por la ley, unida a la imposición de la verdad oficial, a la intransigencia y eliminación de la discrepancia, son rasgos claros del agonizante régimen Castillo que, en apenas un año, ha llevado al desastre a la vida nacional. El fin supremo del sistema democrático es mantener el orden constitucional y velar por el respeto a las leyes. Mientras que en el pensamiento comunista -que abriga Castillo- se privilegia todo lo contrario. Es decir, el menosprecio por la Carta, por la Democracia y por el Estado de Derecho. Sumemos a ello la sistemática destrucción de los deberes y obligaciones que tiene todo poblador frente al Estado, y el impulso hacia un venenoso divisionismo basado en el resentimiento social. Toda esta carga desemboca en el desacatamiento de las normas y en la imposición de ideologías y de dogmatismos fracasados en el mundo contemporáneo. Escenario que al fin del día genera desazón, incertidumbre, pérdida de confianza y, por último, el caos que estamos comprobando.

La corrupción en el poder político es el peor flagelo que puede soportar una sociedad. Lamentablemente, a lo largo del último cuarto de siglo, sucesivos políticos de izquierda engañaron al país durante los procesos electorales, enrostrándole a sus contrincantes el estigma de corrupto. Fue de esa manera como muchos llegaron al poder. Pero no para hacer lo contrario a sus predecesores, sino para acabar corrompiéndose hasta la náusea. La prueba está en Toledo, Humala, Kuczynski, Vizcarra, todos ellos imputados y procesados por corruptos. Inclusive Castillo ya está imputado de esto mismo por la Fiscalía de la Nación, y está próximo a ingresar también a la condición de procesado por este azote social que él tanto criticara a sus predecesores.

Esta es la realidad del Perú del Tercer Milenio. Perdimos la oportunidad de disfrutar el progreso económico y los avances sociales que acumuláramos en la última década del siglo pasado, después de superar tres largas décadas de miserias, pendencias y sangriento terrorismo, consecuencia de sucesivos regímenes socialistas disfrazados de cualquier otro ropaje: desde el militarismo golpista, confiscador y procubano, hasta el corrosivo progresismo caviar impuesto por las extranjerizantes, manipuladoras ONG.

Sostenidamente, estas se dedicaron a destruir lo avanzado. La Comisión de la Verdad se encargaría de ello, polarizando el país en torno a otro acontecimiento aplaudido por la comunidad internacional: la derrota del terrorismo. La metodología caviar fue dividir a los peruanos entre buenos y malos; criminales y santurrones; uniformados y civiles, fujimoristas y buenistas. Rangos impuestos por esa “nueva izquierda” surgida del post comunismo consolidado, tras caer la URSS. ¿La consigna? Reclasificar a la sociedad peruana entre víctimas (terroristas) y victimarios (militares, policías y los políticos que gobernaron en esas tres décadas). Dos décadas después del indiscutible triunfo de la democracia y del Estado de Derecho sobre la izquierda y el terrorismo, el resultado es este Perú socioeconómicamente anulado y políticamente fragmentado.

En la práctica, una sociedad inviable, camino a su autodestrucción.

Una mayoría parlamentaria tiene la llave para acabar con el caos, vacando a Castillo.

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