Aplique ya su plan anticrimen, presidenta Boluarte
Las redes sociales están activísimas, en torno a la eventualidad que este gobierno apruebe un programa para luchar contra la ola criminal que ahoga a los peruanos. De todas maneras, éste será cuestionado -o vetado- por la CIDH, so pretexto que hiere los derechos humanos de los criminales. Probablemente, de aprobarse las normas que dictamine el poder Ejecutivo, en caso el Parlamento le conceda las facultades extraordinarias que la propia jefe de Estado ha solicitado al Legislativo, a través del primer ministro Alberto Otárola.
La CIDH dirá que aquellos dispositivos violan ddhh de los delincuentes y consecuentemente, todo debe quedar a fojas cero. Allí la urgencia de encarar la coyuntura de manera integral, debidamente estudiada. ¡Inclusive por jurisconsultos no necesariamente peruanos, pero que sean los más versados en esos grises vericuetos de la siempre esquiva CIDH! Esto sin desmedro de la altísima calidad de los hombres de leyes con que cuenta nuestro país, entre quienes destacan Enrique Ghersi, Aníbal Quiroga, Domingo García Belaúnde, etc.
En otras palabras, el Ejecutivo necesita estudiar escrupulosamente las leyes de contingencia que aprobaría, aunque más que seguro serán vetadas por la CIDH. Por tanto, una alternativa -que, repetimos, circula por las redes sociales- sería que un grupo de especialistas del gobierno se reúna ya con congresistas no vinculados a los caviares, ya que próximamente arranca el debate del Presupuesto 2024, para plantearles la no inclusión de la partida 112190 relativa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la cual le abonamos la CIDH por incluirnos dentro de los países que se someten a la justicia transnacional de la Corte IDH. De aprobarse nuestra salida de esta tremenda Corte -por Decreto Ley, o ley si lo decide el Congreso- Perú sólo integraría la Comisión IDH. Concretamente no saldríamos de la CIDH. Ojo: Estados Unidos no participa en la comisión ni corte CIDH.
La Corte IDH siempre vetará la solución que adoptemos para encarar la amenaza criminal. Por eso debemos anticiparnos, promulgándola inmediatamente y así frenar la violencia que, cada día, enlutece a familias y mantiene en vilo al país. Es prioritario que previo a presentar su plan final, el Ejecutivo anule las actuales restricciones policiales y/o jurídicas que incluye nuestro acervo legal, que ampara por igual los ddhh de los asesinos y los suyos, amable lector. Pero si la CIDH declarase violatoria de los ddhh de los criminales cualquier medida lógica, entonces expliquemos el mundo que la meta del régimen Boluarte es lógica: preservar la vida, salud, bienestar y patrimonio de todos los peruanos.
No proteger los derechos de unos asesinos. A ellos hoy el Perú los protege, sometido por la CIDH manipulada por los caviares, que insiste en amparar -por igual- a usted como a los mercenarios y a sus bandas organizadas dedicadas a vaciar su casa, a quitarle su auto, teléfono móvil y llevarse su dinero. Finalmente, a asesinarlo. Mucho sufrimos como sociedad, precisamente porque la CIDH equiparó los derechos humanos de los terroristas con los suyos, amable lector. ¡Ya basta!
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
