Atención, fiscal Patricia Benavides
¿Cuál podría ser el límite de la inconducta que llegue a alcanzar un fiscal, sin que el Ministerio Público y/o la Junta Nacional de Justicia lo cese del cargo? A decir de aquella esquizofrénica conducta profesional del fiscal Domingo Pérez Gómez, solamente un acto criminal sería el límite.
Hasta ahora, el fiscal Pérez puede faltar a sus obligaciones, imputar y/o encarcelar a inocentes, asimismo beneficiar a delincuentes, suscribir pactos secretos y/o seguir haciendo de las suyas en la fiscalía anticorrupción, sin que la Fiscalía de la Nación y/o la Junta Nacional de Justicia adopten medidas para evitar que continúe a cargo de un compromiso tan delicado. Situémonos en al caso Lava Jato.
Ahí Pérez ya lleva cinco o seis años, pese a lo cual no solo no existe un procesado por la Justicia, sino que los presuntos responsables de aquella trama -que ha significado el mayor escándalo de corrupción y pérdida patrimonial que haya soportado este país- se pasean libremente. Por ejemplo, los altos ejecutivos de Odebrecht y de Graña y Montero; como Marcelo Odebrecht y José Graña Miró Quesada. Lo harían por la sola razón: habrían pactado con Pérez que, al finalizar el caso, no serán condenados a purgar carcelería y, además, tendrán multimillonarias indemnizaciones pagadas por el Estado.
Vale decir por usted, amable lector. Si bien hablamos de hipótesis, es evidente que las fichas del damero movidas por Pérez avanzarían en ese sospechoso sentido. A lo largo de más de un lustro, el país ha venido observando que, respecto al caso Lava Jato, la conducta del fiscal Pérez, como también la de Rafael Vela Barba, habrían centrado sus pesquisas en perjudicar a un sector político (el centroderecha) y paralelamente, proteger a la izquierda caviar, aliada táctica del capital trasnacional a través del peso que habría tenido en este caso la oenegé de Soros.
Keiko Fujimori purgó cárcel durante 500 días, sin haber participado del botín de miles de millones de dólares en licitaciones groseramente sobrevaluadas, desde donde el consorcio Odebrecht y Graña y Montero distribuía centenares de millones de dólares a presidentes de la República (Toledo, Humala, PPK, Vizcarra), alcaldes (Susana Villarán), gobernadores (Vizcarra), y a una larga lista de funcionarios públicos, todos ellos sobornados para robarle dinero a usted, amigo lector.
Las conductas de Vela y Pérez son erráticas; tendenciosas; sospechosamente diseñadas para dañar al Apra y Fuerza Popular y amparar a la izquierda caviar, afín al todopoderoso Soros. A esto se debería que ambos fiscales diseñaran pesquisas con tufillo politizado, para eventualmente engañar al país mientras ensamblaban una sofisticada, ingeniosa solución: firmar un pacto secreto con Odebrecht y, asimismo, transar la colaboración eficaz de José Graña. Ambos salvavidas serían fabricados a la medida de cada uno de esos dos corruptores. Al final del día, la inclemente persecución a Alan García –a quien abiertamente forzaban a suicidarse, como él lo anticipara para evitar ser exhibido como trofeo de ambos dizque fiscales- y el acoso a Keiko Fujimori, constituirían el quid pro quo para liberar a Odebrecht y Graña.
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