¡Castillo jamás se ha arrepentido de su traición!
El Congreso de la República ha convocado al todavía presidente Pedro Castillo a que asista este miércoles 16 al recinto parlamentario para defenderse –él y/o su abogado- frente a la acusación por delito de traición a la patria contenida en la Denuncia Constitucional 219. Esta propone acusar, en antejuicio político, al presidente de la Nación por infracción a la Constitución. Por lo cual, asimismo, recomienda su inhabilitación por cinco años para el ejercicio de toda función pública, según ha concluido la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del poder Legislativo el pasado viernes 11 de noviembre. El también llamado primer poder del Estado tiene la facultad de aplicar, en el acto, la inhabilitación para ejercer el cargo de Mandatario de la Nación, sin necesidad de aguardar el correspondiente fallo judicial. En caso la Corte Suprema absolviese a Castillo de este delito mientras dure la inhabilitación impuesta, éste podría recuperar el derecho constitucional que le fuera suspendido. Asimismo el Congreso podría vacar a Castillo por traición a la patria, aunque para ello necesita conseguir dos tercios de los votos; esta vez de 98 congresistas. Porque los miembros de la comisión permanente del Parlamento (que totalizan 32) –siendo la que acusa ante el Pleno- están impedidos de votar en dicha instancia. El sustento de la acusación por traición a la Patria que presenta el documento sobre el cual se ha basado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para plantearle al Pleno la Acusación Constitucional contra Castillo, es impecable, a criterio de expertos en la materia. La citada denuncia fue presentada al Parlamento por especialistas de la talla de Francisco Tudela (éste sostiene que, “siendo traidor a la patria un término decimonónico, resulta gravísimo lo hecho por Castillo), Lourdes Flores, Ángel Delgado, Hugo Guerra y César Vignolo.
Por más sustento que acumule la Acusación Constitucional (de la que deberá defenderse el miércoles Castillo), la complicidad de tanto miserable que vende su voto, la medianidad de otros que no dicen lo que les dicta su conciencia, y la cobardía de muchos que no se atreven a enfrentarse al poder por medrosos, intereses o lo que fuere, hace que este trámite pudiese correr el mismo destino que las dos mociones de vacancia que nunca alcanzaron los votos necesarios. Aun cuando en este caso basta mayoría simple para inhabilitar al mandatario; y con ello quedaría impedido de continuar ejerciendo el cargo de jefe de Estado.
El Congreso deberá considerar un argumento demoledor contra la inocencia de Castillo. Es que, durante el tiempo en que ofrecía cederle territorio peruano a Bolivia -con mayor razón, desde que a inicios de año el periodista Fernando del Rincón le dio la oportunidad de arrepentirse públicamente, pidiéndole disculpas al Perú -¡expresando su remordimiento por proferir semejante atentado contra nuestra soberanía!- Castillo pudo decir que fue fruto de la euforia momentánea, comprometiéndose a nunca volverlo a hacer. Pero Castillo jamás ha rechazado tamaña villanía. ¡Más bien la ha consentido con su infame silencio, reafirmando su animo alevoso! ¡Consecuentemente, haciéndose acreedor al adjetivo traidor a la patria!
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