Choque de trenes
Ayer, la agencia de noticias EFE lanzó una alerta sumamente complicada para la, de por sí, resquebrajada imagen internacional de nuestro país. El texto revela un alto grado de pendencia general, confusión al más alto nivel, severo enfrentamiento entre poderes del Estado y absoluto desgobierno por parte, principalísima, del poder Ejecutivo: además del poder Legislativo y, sin la menor duda, del poder Judicial; sumado eso a la escalofriante coyuntura de hostilidad al interior de la Fiscalía de la Nación. La situación es tal, que la tirantez que transpira el Estado peruano evidencia que ya las cosas no soportan más tiempo, sin que se produzca un estallido en cualquier momento. El cable mencionado señala textualmente “La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura suspendió por seis meses a la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, como parte del proceso que le ha abierto esa entidad a raíz de la investigación a su entorno por supuestamente conformar una red de tráfico de influencias. La medida cautelar de suspensión preventiva se da en el marco de procedimiento disciplinario inmediato iniciado a la señora fiscal Benavides, con la finalidad de asegurar el normal desarrollo del mismo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final”, reza un escueto comunicado de la JNJ publicado poco antes de la medianoche”.
Recordemos que el 28 de noviembre último la JNJ abrió “proceso disciplinario inmediato” a la Fiscal Patricia Benavides, mecanismo que se aplica de manera exclusiva sólo, y siempre sólo que existan claras y suficientes evidencias de una conducta evidentemente irregular, en ese caso por parte de las autoridades del Ministerio Público. Y agrega la JNJ que adoptó esa decisión “luego que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) abrió investigación al entorno de Benavides por conformar una red dedicada al tráfico de influencias, liderada por la fiscal de la Nación.” Acá se observa una trampa peligrosísima de la JNJ, envuelta en aquel halo de santidad del que pretenden rodearse sus integrantes; cuando existen indicios de que esto no es así. De otra parte, por ordenamiento constitucional una policía politizada, como se le califica a la Diviac, no tiene autoridad alguna para “investigar”, secretamente, el entorno de la Fiscal de la Nación sin previo permiso del Congreso. “Ustedes” –refiriéndose a la JNJ– “me han instaurado un tipo de procedimiento que considero viola mi derecho de defensa y el derecho al debido proceso, por lo cual he interpuesto varios mecanismos por los cuales no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy”, dejando expresamente sentada su protesta.
No hay solución a la vista ante semejante zafarrancho de combate entre los tres poderes del Estado y el Ministerio Público para deshacerse de la Fiscal de la Nación. Tan insólito panorama contribuirá a que explote, más pronto de lo esperado, la feroz crisis económica que afecta a toda la ciudadanía.
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