Compleja coyuntura para el régimen Boluarte
La coyuntura nacional sigue en punto de ebullición. Digamos que los bomberos han conseguido confinar el fuego; pero no apagar un incendio originado después de la fraudulenta elección de Pedro Castillo, ¡El pueblo tampoco ignoraba esos violentos enfrentamientos desatados entre las que, aún, eran fuerzas del orden al servicio de la democracia! Pero a partir de julio de 2021, ya se encontraban bajo el comando de simpatizantes de sendero luminoso, como Pedro Castillo y su entorno extremista ya acantonados en palacio de gobierno. La primerísima ola de violencia se desató a mediados de diciembre de aquel año, con muy lamentables consecuencias tras los incendiarios ataques iniciados por los violentistas de Castillo contra la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional encargadas de guardar la seguridad y el orden en toda la República. ¡Castillo estuvo resuelto a desatar el caos y a atacar con extrema fiereza a policías y militares! Su objetivo era victimizarse, a través de la teatralización política de una supuesta agresividad por parte de sus propias huestes asesinas, con el propósito de denunciar al flamante régimen presidido por Dina Boluarte –hasta sólo días antes, su vicepresidenta– de “violar los derechos humanos del pueblo en su justa protesta” contra la reaccionaria oligarquía.
¡Desde entonces, la violencia no cesa! ¡Sigue latente! Cierto que el golpe de Estado perpetrado por Castillo zanjó la realidad, demostrando que la ciudadanía estaba opuesta al golpista, ágrafo, corrupto Pedro Castillo; y a favor de la democracia y la institucionalidad representadas por aquella transición constitucional que quedó consolidada mediante el juramento, como jefe de Estado, de Dina Boluarte, tras el atentado golpista perpetrado por Castillo. Entonces, en lugar de apaciguarse los ánimos, la violencia pasó a las curules parlamentarias. Y lo que es más grave, a los despachos de sendos politizados, demonizados fiscales y jueces antidemocráticos, pro golpistas y pro corrupción quienes, amparados en escudos totalitarios, se convirtieron en zares de una organización criminal, dirigida por la mafia caviar, que inconstitucionalmente continúa manejando los hilos del poder sin haber sido electa por la ciudadanía; ni muchísimo menos se encuentre autorizada para hacerlo por la Carta Magna.
¿Cómo, entonces, puede funcionar este país, donde alrededor del 80% de todos sus ciudadanos desconfía de su Fiscalía de la Nación y, en general, aborrece el sistema judicial, conscientes de que ambos brazos de la Justicia ahora manejados por la camorra caviar, reconvertidos en unos viles instrumentos de coerción política con incontrolable poder, capaces de hacer y deshacer en el Estado como venimos comprobando mañana, tarde y noche? En consecuencia, un país donde más del 78% de su sociedad es víctima de la más salvaje de las inseguridades ciudadanas, de acuerdo al ranking que se repite mes a mes; y, adicionalmente, encontrándose soportando una brutal crisis socioeconómica y moral, es evidente que este gobierno no puede sino estar impedido siquiera de conducirse con mediana normalidad y, por supuesto, incapacitado desde cualquier punto de vista para garantizarle seguridad, confianza y progreso a sus 33 millones de muy mortificados pobladores.
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