Cuando el Senado salvó la república
1987 no fue un año rutinario porque a mediodía del 28 de julio las campanas doblaron y los teletipos mediáticos también.
El alboroto fue nacional y el anuncio cayó como un bombazo. Sucedió que, al no lograr la reinversión de las ganancias empresariales “para generar riqueza y empleo”, como obligaba la heterodoxia económica del presidente Alan García (1985-1990), presentó ante el Congreso de la República un proyecto de estatización de la banca, seguros y financieras privadas. Además, el devastador Decreto Legislativo 313, que disponía la inmediata expropiación.
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada de inmediato por los partidos de oposición especialmente Acción Popular, y la mayoría de prestigiosas instituciones.
Entonces, el exaltado presidente García inició una campaña de “concientización popular”, la misma que lo llevaría a protagonizar concurridos “balconazos” en la Plaza de Mayor de Lima y en su gira por el norte del país.
En tal contexto, la Cámara de Diputados, controlada por el APRA, inició el análisis de la iniciativa alanista. Fue aprobada en apenas 36 horas y remitida inmediatamente al Senado de la República. La reacción púbica no se hizo esperar y los titulares de la prensa editorializaban: “Que espera el país del Senado”, “Pensemos en el Perú”.
En el fondo, confiaban en que el Senado frenara la arbitrariedad.
Lo aprobado en Diputados pasó a las comisiones de “Constitución”, de “Economía y Finanzas”, y de “Banca y Seguros”, en las dos últimas figurábamos, respectivamente, Sandro Mariátegui y el autor de este artículo.
Como opositores logramos concurrieran a nuestras comisiones: ministros, gerentes, directores, presidentes de las instituciones por expropiar y muchos otros más.
El debate senatorial se desarrolló desde el 26 de agosto y a lo largo de 37 días. Impregnados de pasión, de argumentos sustentados en la Constitución de 1979 y encabezados por el senador vitalicio Fernando Belaunde, dimos una batalla extraordinaria.
El debate fue transmitido por la televisión, hecho que despertó gran interés ciudadano. Finalmente, la ciudadanía entendió que el proyecto incrementaba la destrucción a la generada por la inflación galopante y la devaluación del sol.
En este escenario, Diputados protestó por la prolongada polémica senatorial, aducía que se modificaba lo aprobado en su seno y amenazó no aceptar cambios. El hecho es que la unidad aprista se resquebrajó.
Utilizamos todas las herramientas que dispensaba la hermenéutica parlamentaria.
Esta dinámica y la eficaz estrategia opositora irritaba al primer mandatario al punto que amenazaba a su bancada sumarse al debate senatorial. Finalmente, la ley aprobada resultó un monstruo legislativo. Inaplicable.
La presión no tuvo efecto. ¡El Senado salvó a la República!
Por todo lo dicho, en medio de la crispación y la recesión presente, es positivo el retorno de la Bicameralidad, aprobada por el Congreso actual en primera legislatura.
En alrededor de tres décadas, constituye la más importante reforma que requiere nuestro sistema político; es decir, de instrumentos necesarios para mejorar la calidad de nuestra democracia y, con ello, mostrar bienestar y prosperidad para todos los peruanos.
Por Javier Díaz Orihuela, exsenador de la República
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