Cuando los fiscales juegan a hacer política

El 27 de mayo pasado, el fiscal de la Nación interpuso ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por la comisión del delito de cohecho pasivo impropio.
Inmediatamente desde de Palacio salieron a defender a la presidenta. El ministro de Salud llamó “mamarracho” a la denuncia constitucional y advirtió de una clara “politización de la justicia”.
Y esta politización de la justicia o judicialización de la política no es solo intramuros. En los Estados Unidos, los republicanos acusan al Fiscal General, Merrick Garland, de que los cuatros casos penales contra Trump tienen motivaciones políticas y es un intento de Biden por sacarlo de la carrera de noviembre de 2024.
Pero, ¿qué entendemos por politización de la justicia? Conocida como Lawfare –el término en inglés– es la “persecución judicial” o “judicialización de la política”. Tras un velo de legalidad, se abusa del poder judicial a través de una exageración de procedimientos “legales” y una intención de provocar daño en una figura o grupo político determinados.
La finalidad del lawfare en buena cuenta es eliminar a ese enemigo político de la esfera política formal. Es provocar el repudio popular hacia él o ella. Liquidarlo.
Un ejemplo claro de lawfare en el Perú es el caso de Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado prisión preventiva contra Fujimori por violar las reglas de conducta en el caso Cócteles por haber salido del Perú con destino a Estados Unidos sin contar con el permiso judicial correspondiente.
El 28 de mayo pasado, el juez Víctor Zúñiga emitió la resolución 94 del 31 de mayo de 2023, confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional el 10 de enero de 2024, cuya regla a) establece “la obligación de no variar su domicilio ubicado en autos sin previa autorización por escrito del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional”.
Esto supone que la regla de conducta impuesta en abril de 2020 fue modificada por la resolución del 31 de mayo de 2023, que es la que se encuentra vigente actualmente. Dicha resolución ya no impide a Keiko Fujimori viajar al extranjero, ni la obliga a solicitar autorización judicial para viajar al extranjero o para ausentarse de su domicilio.
El fiscal Pérez sostiene que Keiko Fujimori infringió una regla de conducta al viajar a California, incumpliendo una disposición de 2020 que le prohibía salir de Lima sin autorización judicial, pero no desarrolla el por qué esta regla de 2020 debe prevalecer sobre las nuevas reglas impuestas por el juez Víctor Zúñiga en la resolución 94 de 31 de mayo de 2023, confirmada por la resolución 07 de la Sala de Apelaciones del 10 de enero de 2024.
Es más, Pérez no menciona la regla a) de la resolución 94. La ignora, para él parece no existir. El juez Zúñiga ha concluido diciendo que la resolución que prevalece es la 94, en consecuencia, estas nuevas reglas eliminaron las restricciones impuestas anteriormente. Caso Cerrado.
Pese a que Keiko Fujimori no ha gobernado el Perú y por tanto jamás ha firmado ningún contrato o concesión y menos aún existe prueba fehaciente de la comisión de algún delito, entonces, ¿resulta necesario imponer la prisión preventiva, que es la pena más gravosa de las medidas de coerción personal y por ende excesiva, para garantizar de mejor manera la finalidad procesal? Creemos que no. Este es sin duda un caso de politización judicial.

Por José Ignacio Carrión Richardson

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