Desastres naturales, falta de infraestructura e inversiones necesarias para mitigar el impacto

Continuamos teniendo pérdidas humanas y materiales a causa de los desastres naturales. Hay factores que confluyen en esta situación, elevando nuestra exposición y vulnerabilidad frente a las inundaciones. La primera es que tenemos una mayor frecuencia de precipitaciones extremas en las diferentes regiones del país, evidenciada por la cantidad de declaratorias de emergencia emitidas desde el 2017, que coincide, además, con la reducción del periodo en la que se presentan los fenómenos de El Niño y La Niña.

Nos hace falta infraestructura adecuada que nos permita reducir nuestra vulnerabilidad frente a lluvias extremas. Tenemos una deficiente planificación del crecimiento de las ciudades y expansión de áreas de cultivo que conllevan a cambios de uso de suelo, lo que ocasiona una pérdida de cobertura vegetal en nuestras cabeceras de cuencas y cada vez es más crítico.

Las medidas de adaptación y mitigación tardan en implementarse y/o se subdimensionan, volviéndose un círculo vicioso del cual no logramos salir. En 2017 más de 250 puentes colapsaron y cerca de 3,000 km de carreteras quedaron inutilizables, lo que ocasionó el corte al acceso a diferentes comunidades urbanas y rurales, afectando más de 1,000 escuelas y 350 centros de salud, infraestructura que en muchos casos volvió a ser dañada durante este año.
Si bien a nivel de política de Estado se ha incluido la gestión de territorio y riesgo, en términos de legislación y mecanismos de gobernanza los progresos son lentos. Debemos reconocer que la ausencia de un Centro Nacional de Planificación impactó en la organización gubernamental en todos los niveles.

Asimismo, los procesos de zonificación y ordenamiento territorial aún no se consolidan como guías en los procesos de ocupación, uso y aprovechamiento sostenible del territorio ni como guías definitivas para la planificación y gestión de riesgos. La ausencia de una ley de ordenamiento y gestión territorial resta en guiar la toma de decisiones políticas, técnicas y administrativas. Existe una coincidencia de rectorías y normas, lo que conlleva a una ausencia de claridad en la gestión territorial.

Es necesario que las autoridades en todos los niveles prioricen lo contenido en sus planes de gestión de riesgos, realizando descolmataciones, limpieza de quebradas y reubicaciones de manera inmediata. Se requiere de una alta coordinación para no duplicar esfuerzos y gestionar lo mejor posible los recursos económicos disponibles.

Nos queda esperar que se realicen las inversiones realmente necesarias que incluyan, no solo medidas de adaptación y mitigación para las zonas pobladas, sino que se entienda que estamos perdiendo también biodiversidad, sufriendo un gran impacto económico sobre nuestra productividad en todos los sectores y donde se afecta la igualdad de oportunidades de las poblaciones más vulnerables.

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