El caso Dina Boluarte
Dina Boluarte, la única vicepresidenta de este nefasto desgobierno, navega entre dos aguas que, más temprano que tarde, caerán al mar de sus desgracias. Es sirviente del comunismo, pro senderismo decidido a arruinar el Perú, corriente que encarna su jefe directo Pedro Castillo; y simultáneamente, coquetea con el ala caviar de esa izquierda criolla loca por gobernar. La muy lista se cree ‘equilibrista’; aunque más que ello actúa de partenaire de dos corrientes absolutamente repudiables, destructoras del Perú.
Su meta es avanzar, y consolidarse como una leal criada del impresentable Castillo. Aunque simultáneamente corteja con los rosados caviares, como opción constitucional para eventualmente servirles de sustituta en la presidencia de la República una vez vacado el proto corrupto y hoy peligrosamente desesperado mandatario. Un equilibrio muy difícil. Porque pudiese llegar el momento en que su todavía jefe le tienda alguna celada y caiga en la trampa de la corrupción, arte que hábilmente domina Castillo Terrones. Aunque también, que no le quepa la menor duda que, de servirle de espolón de proa a los caviares para invitarles al poder detrás suyo (como sustituta del ahora cadáver político Castillo), sus actuales promotores serán los primeros en traicionarla. Esta es su especialidad.
A Boluarte -vicepresidenta pero además ministra de Estado- se le acusa de infringir la Constitución. Pero su amiguete, César Acuña, impuso en la comisión de Acusaciones Constitucionales a un sujeto apellidado Reymundo, para que le sirva de ponente en la denuncia sobre violación constitucional en que habría caído Boluarte. Ponencia sobre la cual se pronunciará la citada comisión para definir si vaca o no del cargo a la actual vicepresidenta del país. Recordemos que no fue un político opositor -ni un particular- quien la denunció de semejante infracción. ¡Lo hizo la Contraloría de la República, al determinar que Boluarte “omitió colocar en su declaración jurada de intereses que era presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac”! Asociación para la cual, entre muchas gestiones –ejecutadas mientras ejercía la vicepresidencia y, a la vez, el cargo de ministra- Boluarte realizaba gestiones ante organismos estatales para acelerar trámites, como solicitar licencias. Algo que, constitucionalmente, está vetado. Lo precisa de esta manera el artículo 126 de la Constitución: “Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.” Y luego concluye que “La fiscalizada (Boluarte) durante el periodo del ejercicio del cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo.”
Los argumentos de la Contraloría son absolutamente irrebatibles. ¡Lo que Reymundo necesita determinar no le tomaría ni una semana! ¡Ni que tuviese que descifrar alguna fórmula de la NASA! No, señor Reymundo, su dictamen es fácil. Lo que ocurre es que usted tratará de encontrarle tres pies al gato para salvar lo insalvable.
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