¿El comienzo del fin?
Ayer temprano arrancó un operativo de la Fiscalía para, por fin, detener por un plazo de diez días a los integrantes del gabinete en la sombra que orquestó Pedro Castillo para manejar el país a su modo; lo mismo que a los legisladores vendidos al Gobierno conocidos como “los niños”. Todos estos individuos están bajo sospecha de integrar la organización criminal que gobierna el Perú desde el 28 de julio del año pasado. La medida hubiese sido más exitosa si la acción de la Policía hubiera empezado a media noche, evitándose la fuga de algunos imputados por pertenecer a esta camorra dedicada a robarle al Estado con el visto bueno de Pedro Castillo, quien presumiblemente la lideraría de acuerdo al Ministerio Público. Uno de los que no fueron habidos es Alejandro Sánchez Sánchez, propietario del infame garito de Sarratea, que Castillo utilizó como su casa de citas para reunirse con postores a integrar la mencionada organización criminal. Otros fueron Geiner Alvarado (ex ministro de Vivienda, posteriormente de Transportes), David y Walther (¿?) Paredes Navarro, hermanos de Lilia, la primera dama sindicada, asimismo, como parte de esta trama delincuencial. Además está “Auner” Vásquez, jefe del Gabinete Técnico de Castillo, quien acompañó a Castillo a una “cita de emergencia” con un grupo de congresistas supuestamente de oposición (Acción Popular), en vísperas de la censura al ex premier Bellido. Desde entonces, los legisladores que participaron en esa cita, Lenín Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez, Biberto Benerando Castillo y Eder Vitón (vaya con los nombres). pasarían a votar artera, permanentemente siguiendo las órdenes de Castillo. En otras palabras Auner –parte de aquellos congresistas electos en 2021 como miembros de Acción Popular- fue el gestor de estos “niños” infames.
La orden de detención –incluyendo allanamiento domiciliario- de politicastros supuestamente comprados con dineros públicos -por orden de Pedro Castillo- vino de la Fiscalía de la Nación, a través de una disposición que contiene más de 200 páginas respaldadas por 107 actas elaboradas por la Policía Nacional y otras 67 actas preparadas por el propio Ministerio Público.
Temerariamente, la congresista oficialista Portalatino habló de dictadura judicial y agregó que la orden de allanamiento domiciliario de los congresistas “es todo un ataque a la majestad del Parlamento”. Ambos extremos son falsos. La única dictadura la ejerce el Ejecutivo, abusando del poder que, cada vez con mayor descaro –y mayor riesgo para el pueblo-, ejerce el presidente Castillo. Mientras que lo de “vulnerar la majestad del Congreso” no proviene, precisamente, de la Fiscalía. Nace de aquellos legisladores que traicionaron al país, vendiendo su conciencia a través del voto comprado por un gobierno que no solo desconoce lo que es gestionar la nación, sino que está metido en muchísimas corruptelas -y probables delitos extremos- ejecutados por una “organización criminal” que, como señala el Ministerio Público, probablemente estaría dirigida nada menos que por el presidente Pedro Castillo. Esperamos que estas medidas agilicen las investigaciones a los integrantes de aquella organización criminal y, muy pronto, el país conozca el veredicto de la Fiscal de la Nación.
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