El Crimen Nunca Paga

El caso más famoso de amenaza de extorsión de los últimos tiempos es, sin duda, el de la mamá del jugador de futbol Paolo Guerrero. Conocida la amenaza, el ministro del Interior, el alto mando de la Policía Nacional y hasta el primer ministro Alberto Otárola salieron a los medios de comunicación a dar garantías de que nada malo le sucedería a doña Peta —como se conoce a la mamá del jugador. Y en una fracción del tiempo que lleva prófugo Vladimir Cerrón, la policía identificó y capturó a los sospechosos de haber realizado las amenazas.  Extraordinaria eficacia y eficiencia de una policía que pareciera hacer uso selectivo de sus capacidades cada vez que los medios o el poder político así lo demanda.

Un caso totalmente desconocido es el que paso a relatar —con alguna reticencia.  Hace unos meses, ayudé económicamente a un grupo de vecinos de una quinta en los Barrios Altos a adquirir cámaras de vigilancia para luchar contra la delincuencia que los agobia y expulsa del lugar donde tienen sus amigos, familias y querencias. Hace un par de semanas, uno de los vecinos que encabeza este grupo de vigilancia recibió el mensaje —transmitido nada menos que por un efectivo policial— de que debía retirar las cámaras y borrar los videos o atenerse a las consecuencias.  Las consecuencias vinieron esa misma noche: atentaron contra su vida y —aunque él sobrevivió, uno de sus acompañantes y un transeúnte recibieron el impacto de las balas asesinas y perdieron la vida.  El vecino en cuestión ha tenido que abandonar su barrio y probablemente el país.

Pero este caso no ha tenido ni tendrá prensa.  Aquí no hay doña Peta ni Capitán glorioso que motiven declaraciones y exhortaciones públicas de las principales autoridades del país ni una masiva cobertura periodística a nivel nacional. Se trata, apenas, de un dato más de la criminalidad en el país y un testimonio mudo de los lazos de corrupción cada vez más intrincados entre la criminalidad organizada y malos elementos de la policía.

Como esta historia recién contada, hay muchísimas más. A nivel individual, se trata de tragedias familiares. De manera agregada, a nivel macro económico, la criminalidad constituye una tragedia nacional que nos cuesta y mucho. Según un estudio del FMI un aumento de 1% en las tasas de homicidios incrementa el gasto público en seguridad y administración de justicia en 0,2% del PBI.  Y —añade el estudio— “un aumento de una desviación estándar en las tasas de homicidios reduce el crecimiento del PBI en 0.14 puntos porcentuales”.  Aunque estos parámetros se refieren a América Latina, son perfectamente extrapolables al caso peruano. Ahora reemplacen donde dice PBI por USD250 mil millones (el tamaño aproximado de nuestra economía) y tendremos una idea de la magnitud de la tragedia que significa el no ponerle fin a la criminalidad, ya sea a nivel micro o macro. El crimen nunca paga, pero vaya si cuesta.
(*) Congresista de la República.

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