El Ejecutivo violó la Constitución
Nuevo revés para este régimen que preside Pedro Castillo, en su desesperada carrera hacia el precipicio del fracaso e, irremediablemente, a su juzgamiento y al de todos aquellos integrantes del régimen que le acompañan desde el 28 de julio de 2021.
¡Sus causas ante la Justicia desembocarán en condena a prisión, no menor a 25 años! Porque en esta última oportunidad, el poder Legislativo ha calificado de inconstitucional un acuerdo adoptado por el consejo de ministros que declara, de facto, que “el Congreso ha producido una primera negación de confianza al Ejecutivo”, ante su negativa a aprobar una pataleta oficialista para debatir la derogatoria de la ley 31355 que, en solitario, otorga al Parlamento la facultad de convocar a referéndum.
El Ejecutivo chantajeó al Legislativo con la amenaza de apelar al artificio de la confianza, si el primero se negaba a anular la citada ley. Pero la democracia no funciona a base de chantajes. Prima la Ley de Leyes, y siguen las normas legales promulgadas por el Parlamento. O por el Ejecutivo, siempre y cuando antes el Congreso le dé facultades extraordinarias para hacerlo. Pero mientras prevalezca la Constitución vigente, ésta sólo podrá ser variada aplicando los preceptos que ella precisa para hacerlo. Y ello pasa por persuadir al Legislativo sobre la necesidad de cualquier modificación en la Carta.
Es más, reuniendo una mayoría absoluta -87 votos- y en dos legislaturas seguidas, el Congreso puede cambiar la Constitución. Lo que evitaría convocar a una Constituyente. Por ese motivo, el presidente Castillo -y sus exministros del gabinete Torres (la mayoría de los cuales sigue en el actual gabinete)- han sido acusados de atentar contra la Constitución, al haber aprobado el acuerdo de marras que dictamina lo contrario a lo que ordena la Constitución, respecto a la cuestión de confianza. De haber cedido el Congreso a las pretensiones de los bolcheviques que integran el régimen Castillo, hoy el Perú estaría orbitando dentro de la esfera chavista, y seríamos una dictadura del proletariado tal cual la vemos en Venezuela, Nicaragüa, Cuba o Bolivia.
En eso ha desembocado la desesperación del gobierno Castillo por dejar sin efecto la ley 31355. Como hoy ya se sabe, el poder Ejecutivo pretendió arrogarse una potestad exclusiva del Legislativo, para modificar a su capricho la citada norma. Al final del día, este régimen de fantoches del chavismo no sólo quedó en ridículo sino que, como lo hemos señalado, la mayoría de sus integantes ahora se encuentran denunciados nada menos que por violentar la Carta Magna. Los arrebatos y las prepotencias no funcionan en un régimen democrático, y quien transgreda la Carta será sancionado con medidas drásticas.
Pedro Castillo y la pandilla bolchevique -que presuntamente operan en palacio como una organización criminal, según la Fiscalía de la Nación- pretendieron establecer el chantaje como sistema de gobierno, quebrantando la Constitución al arrogarse la facultad de decidir, a sola firma, en qué momento el Legislativo viola la primera y la segunda cuestión de confianza para, entonces, decidir en qué momento el Ejecutivo decide clausurarlo.
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