El «plan Boluarte»

Parió Paula. Después de un mes de anunciado –a través del Mensaje de Fiestas Patrias–, el martes la presidente Dina Boluarte envió al Congreso al premier Alberto Otárola y a los ministros de Economía, Alex Contreras; Interior, Vicente Romero; y Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Fueron para presentar los proyectos de ley a los que se refirió en su mensaje juliano, pidiendo al Legislativo su prioritaria atención para otorgarle facultades extraordinarias al poder Ejecutivo, a efectos de promulgar los decretos de urgencia indispensables para poner en marcha lo que su gobierno ha bautizado como “Plan Boluarte”.

Se trata de un conjunto de iniciativas, más o menos ya previsibles, para que el Ejecutivo enfrente el tsunami criminal que azota a la sociedad. Como mera observación, es importante precisar que cualquiera sea el nombre que lleve esta iniciativa del Ejecutivo para acabar con la ola asesina que azota al país, tendrá muy corta vigencia si Boluarte no adopta –como cuestión previa–la salida del Perú de la Convención y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Porque, al final, acabarán imputados por la justicia transnacional tanto la presidenta Boluarte como todo su gabinete ministerial; y absueltos e indemnizados los delincuentes detenidos, procesados y/o condenados de acuerdo a cualquier ley que choque con esos parámetros invisibles de la CIDH, que defienden los derechos humanos de los criminales. Como ocurrió durante el cuarto de siglo de guerra contra el terrorismo, gracias al informe que presentaron unos miserables comisionados, identificados con la lacra extremista –integrantes de la letal Comisión de la Verdad– que sirvio de base para que jueces parcializados de la CIDH sólo consideren que, durante esa sanguinaria guerra contra el Estado peruano, se afectaron básicamente los ddhh de los terroristas, a quienes incluso calificaron de “luchadores sociales”. Esta ignominia continúa repitiéndose, ahora con el genocida Polay Campos.

Dicho esto, finalmente vemos buena intención del régimen Boluarte; aunque en rigor los proyectos de ley –según lo trascendido– tocan lugares comunes. E incluso, parten de una premisa peligrosa, precisada por el ministro del Interior, al sostener “hemos identificado 150 barrios donde se concentra toda la delincuencia. En ellos vamos a consolidar todo el empeño”. Esto sólo revela improvisación y, de antemano, anula cualquier posibilidad de éxito del propósito que quisiera alcanzarse.

Porque la lucha contra el crimen no puede ni debe centrarse en determinado espacio ya que, como todo vaso comunicante, si a los criminales les cerrasen el acceso a determinados lugares, sencillamente encontrarán otros “barrios” donde cometer sus crímenes, o perpetrar los asesinatos que crean necesarios para alcanzar sus intenciones.

Y si el gobierno decide no imponerles a las empresas de telefonía móvil la obligación de anular las líneas correspondientes a aquellos teléfonos robados y automáticamente, asignarles a los originales dueños de cada línea una nueva ya operativa; o si no se duplica el número de policías –o complementa la acción policial con miembros de las FFAA para patrullar las calles mientras se adiestra a los futuros contingentes policiales– cualquier plan de lucha contra el crimen estará condenado al fracaso.

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