El precedente de Toledo
“Pueden acusarme de muchos errores, pero nunca de corrupto. Se quedaron muchas cosas en el tintero, porque yo no puedo cambiar un país en cinco años después de haber recibido un país destrozado durante 500 años.” Este mismo mensaje -que repite mil veces el todavía presidente Castillo- corresponde a una manifestación del ex mandatario Toledo del año 2013. Mismo libreto, misma excusa, misma estrategia y misma mentira. No obstante, en julio de aquel año -por 59 votos a favor y 42 en contra- la Comisión Investigadora del Parlamento que inquirió a Toledo le acusó constitucionalmente ante el Pleno. En setiembre de 2014 -por 87 votos- el Pleno del Congreso denunció constitucionalmente a Toledo ante la Fiscalía, alegando “indicios razonables” de lavado de dinero y porque “habría (condicional) desarrollado actividades más allá del rol regular de una persona que se interesa por los negocios familiares o de sus amigos.” El 17 de diciembre de ese año, Toledo huía desde el aeropuesto Jorge Chávez con rumbo a Los Angeles, EEUU. Antes había dicho públicamente: “Que quede grabado (…) Yo me retiro de la política si se me demuestra que he comprado o he constituido alguna empresa (Ecoteva) en Costa Rica”. Tiempo después, quedó firme la denuncia. ¡Y por supuesto Toledo jamás se retiró de la política!
Este precedente demuestra que el Congreso de la República está plenamente facultado para acusar a quien crea necesario, atendiendo “indicios razonables” y/o apelando a términos jurídicos en condicional. Nadie (sólo Toledo) cuestionó acá aquella acusación constitucional. Tampoco lo hicieron otros en el exterior. Incluyendo a la cuestionada OEA, ahora manejada por operadores del castro-chavismo. Por esto, amable lector, resulta elemental que aquellos congresistas que han votado en contra de ambas mociones de vacancia a Pedro Castillo –alegando que el Legislativo no debe acusar a mérito de “indicios razonables” o apelando a imputaciones “en condicional”- se acuerden (o enteren) de aquel precedente nunca cuestionado de Toledo, que constituye premisa válida para la jurisprudencia. Asimismo, la acusación contra el ex mandatario Fujimori se hizo en función a simples sospechas, en lo que respecta a la imputación que se le formulara por actos de corrupción. Por tanto, los “niños” –y tanto hipócrita comunista que se frotó las manos enviando a Toledo a la hoguera- carecen de argumento para seguir sosteniendo que, cuando el poder Legislativo vuelva a acusar constitucionalmente a Castillo, será obligatorio que antes exista un fallo judicial consentido, ignorando los antecedentes de este poder del Estado en las jamás cuestionadas acusaciones constitucionales contra Toledo y Fujimori.
Resulta indispensable recordar este antecedente, en vísperas de recibir a una delegación de la OEA que evaluará la precaria situación de Pedro Castillo, hoy imputado por la Fiscalía de la Nación acusado de comandar una organización criminal embarrada en una mega corrupción que continúa asolando el Estado. Como consecuencia no existe impedimento alguno para que el Pleno del poder Legislativo del Perú acuse constitucionalmente a Pedro Castillo, imputado por el Ministerio Público como probable líder de una organización criminal dirigida a perjudicar a los peruanos.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
