¡Estado de alarma!
El choque entre nuestros poderes del Estado sigue corroyendo el escaso sedimento democrático y magro Estado de Derecho que aún queda vivo en nuestra traumada sociedad. Ha llegado al extremo que el poder Legislativo esté seriamente impedido de ejercer una de sus principales funciones: fiscalizar y sancionar a los demás poderes del Estado, para evitar que excedan sus límites, colocando en peligro la estabilidad democrática del país.
No solo es insólito sino inconstitucional, como protestamos en nuestra comentario de ayer. Porque apelando a triquiñuelas, el poder Judicial ha invalidado un acuerdo adoptado por el Congreso -con mayoría absoluta- que inhabilita durante 10 años para ejercer la función pública a 2 ex miembros titulares de la JNJ Junta Nacional de Justicia -Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez- imputados por Infringir la Carta Magna. Hay más. Quien hoy preside la JNJ, Antonio de la Haza, quebrantando la norma que rige a aquella institución -parida de sus entrañas por el corrupto Martin Vizcarra- demoró adrede -sin causal justificada- la incorporación inmediata de los suplentes. Estos debieron reemplazar, ese mismo día, a los cesados ex integrantes de la JNJ. De acuerdo a aquella norma, ambos debieron ser incorporados a la JNJ el mismo día en que los miembros separados fueron cesados del cargo, por acuerdo del Congreso. ¡Aunque violando grosera, impunemente las leyes, el presidente de la JNJ creyó que nada ocurriría! Pero las leyes deben cumplirse. ¡En consecuencia ese individuo DEBE ser sancionado por incumplirlas! Con mucha más razón, siendo presidente de una entidad que pone, saca, supervisa, sanciona, etc., a los jueces y fiscales de nuestro país. Una muestra más de este peligrosísimo Estado fallido que hoy campea en nuestro país, explicación evidente del atroz momento por el que transitamos todos, y alerta clarísima del caos que continuará destruyéndonos.
Vivimos abatidos por una terrible inseguridad ciudadana, manipulados por gavillas de caviares que perseveran en adjudicarse el poder político, corroyendo al escaso sedimento democrático y el magro Estado de Derecho que aún está a flote en esta sociedad. Hoy hemos llegado al extremo que el poder Legislativo esté impedido de ejercer su constitucional e indispensable responsabilidad democrática: fiscalizar y sancionar a los poderes del Estado que excedan sus funciones, y pongan en riesgo la estabilidad democrática del país. Porque, al final del día, con medidas como esas, se fragilizan no sólo las entidades públicas sino las privadas, fundamentos de nuestro prácticamente extinguido Estado de Derecho.
No sólo es inconstitucional sino insólito que, apelando a triquiñuelas, se quiebre un acuerdo adoptado por el Congreso -por mayoría absoluta- que inhabilita a sujetos que ejercían indebidamente la función pública como miembros titulares de la JNJ Junta Nacional de Justicia. Hay más. El hoy presidente de la citada JNJ, Antonio de la Haza, quebrando la norma que rige a esta institución brotada de la mente de un político corrupto, demoró adrede -y sin motivo justificado alguno- la INMEDIATA incorporación de los suplentes para reemplazar, en la misma fecha, a los cesados, temerarios ex integrantes de la JNJ. ¡Pero el poder Judicial demanda reponerlos!
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