Exigimos una aclaración, señora canciller
Hace una semana, EXPRESO publicó un sesudo Informe sobre las modalidades que usa la inefable Convención Interamericana de Derechos Humanos CIDH para obtener su financiamiento. Un tema tabú, siendo un órgano que se supone exhibe la mayor transparencia y pulcritud, trajeado como el epítome de la escrupulosidad continental. Dada su naturaleza como máximo organismo definitorio del tratamiento de los derechos humanos en América -aunque ni Estados Unidos, Canadá, Cuba, Bahamas, Barbados, Belice Granada, Guyana, Santa Lucía, y San Vicente forman parte de la Corte que depende de dicha Convención- los fondos que recibe la CIDH deberían ser objeto de la aceptación unánime de sus miembros.
Nos referimos a las aportaciones que hacen entidades que manejan recursos no necesariamente libres de cuestionamiento, como las ONG. Es sabido que en el ámbito de las donaciones existen casos en que el origen de los recursos no necesariamente está seguro de provenir de fuente cierta, escéptica al submundo que maneja el hampa mundial. Resulta extraño, sino sospechoso, que la CIDH sea una receptora de fondos que le remesan organizaciones no gubernamentales ONG, sin precisar puntualmente en su informe anual ni cruzar información con las instituciones multinacionales a cargo de supervisar aquellos fondos girados por las ONG, coordinando con las secciones internacionales de las áreas policiales que revisan dichos trámites. Ese detalle, no aparece en su Memoria Anual.
En el mundo contemporáneo, reinan los hipócritas y sinvergüenzas. En tal aspecto, el sentido común exige que las ONG exhiban hasta el más mínimo justificante, para demostrar la limpieza de los fondos que transfieren a la CIDH. Con mayor razón si son secretos, como usualmente ocurre en ese turbio universo de las ONG.
Finalmente, resulta insultante que los países miembros de la CIDH sostengan estar incapacitados para financiar el presupuesto (once millones de dólares al año) de la CIDH, ente que incluso pudiese decidir la vida un ciudadano americano a través de jueces remunerados por ONGs habilitadas para imponer sus formatos totalitarios a quienes, por ejemplo, no profesan el credo izquierdista o las teorías, trans, de género, etc. ¿Acaso la CIDH audita el origen de los fondos que le transfieren esas ONG con agenda propia (LGTB, género, etc.), como dice el Informe de EXPRESO? ¿Es cierto que entre ONG y fundaciones solventan 33% del presupuesto de la CIDH, y que existen casos en que lo condicionan a que la CIDH instrumentalice ideológica y políticamente los temas que promueven? Esta sería una de las más canallescas fórmulas manipuladoras de la conciencia de quienes vivimos en este continente. Por tanto, exigimos una inmediata aclaración a la ministra de Relaciones Exteriores.
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