¿Fiscalía inútil o castillista?

Con el Ministerio Público solo hay dos posibilidades: es espeluznantemente incompetente o coordina sus acciones con Castillo y los suyos.

En días recientes inició una investigación preliminar contra los asesores presidenciales, a sabiendas que el nombre usado -Juan Carlos Ramírez Rodríguez- y la firma presentada eran producto de una usurpación de identidad denunciada por el propio Ramírez, el 25 de febrero último. El asunto abortó a las horas y la Fiscalía aceptó haber presentado una denuncia falsa. ¿Por qué pondría en tela de juicio su capacidad de buscar la verdad en el afán de que se haga justicia?

El asunto fortalece la versión presidencial de que existe una conspiración contra el régimen que él preside. Muchos no creemos en la supuesta conjura, pero el Ministerio Público contribuye a generar un espacio de duda en muchos otros. Castillo lanzó la teoría de que “la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno”, en su mensaje a la nación, en febrero; a raíz de que ‘La República’ y ‘El Comercio’ informaron que la facilitadora Karelim López se había acogido a la “colaboración eficaz” y estaría revelando una serie de datos sobre cómo el gobierno del lápiz es una organización criminal que usa ciertos ministerios para perpetrar sus delitos. Karelim no hace esto por un arrebato de decencia, sino a cambio de beneficios procesales, así que responsable de algún delito debe ser ella.

El gobernante cuestionó que hechos materia de una investigación fiscal, supuestamente reservada, terminarán exhibiéndose en los medios. Si el Ministerio Público filtró a la prensa el dicho de la señora K. estaríamos ante otra ayudadita al mandatario. Y si K. López no logra sustentar su devaluada palabra con documentos que la refrenden, Castillo saldrá, nuevamente con paso vencedor.

Hasta ahora los inexplicables ‘errores’ del Ministerio Público contribuyen a generar la imagen de un Castillo perseguido sin pruebas y mediante artimañas tan bajas como una denuncia falsa contra asesores, a los que llaman ‘en la sombra’, pero cuyos nombres y caras son ampliamente conocidos gracias a medios escritos y televisados.

Pensando mal, la Fiscalía juega para Castillo. Recordemos, por ejemplo, cómo la fiscal Eneida Aguilar saboteó la diligencia y cerró el caso del testigo protegido “Sacha”, Eddy Villarroel, el agente encubierto que se infiltró en las filas narcoterroristas de los Quispe Palomino. “Sacha” es el único que podría demostrar que esos financiaron al partido del lápiz y la campaña de Castillo.

Otra de las razones para desconfiar de ese organismo es, como escribió Luis García Miró, que “la fiscalía a cargo de (José Domingo) Pérez aceptó que (José Graña Miró Quesada) participe como infidente, delatando a terceros a cambio de declararse culpable de defraudar al Estado por muchísimos millones de dólares. Daño por el cual se le habría pedido una ínfima indemnización”.

Y bueh, también, está la veneración de Zoraida Ávalos por Vizcarra.

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