¿Gobernados por la ONU y CIDH?
Según el jurisconsulto Enrique Ghersi, los miembros del Congreso del Perú están amenazados por la injerencia de organismos transnacionales, como la CIDH (Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y/o las Naciones Unidas ONU), por coyunturas de derechos humanos. Esto pudiera quebrantar los principios de nuestra soberanía y democracia, víctimas de las decisiones de ambos ejes de poder foráneos. Por ejemplo, en el affaire del impresentable José Luis Salas Arenas, aún presidente del Jurado Nacional de Elecciones. “Nada en el derecho internacional autoriza esta injerencia”, dice Ghersi.
¡No existen los supragobiernos en la actual legislación del derecho internacional clásico! Lo que sucede es que el propio derecho internacional está siendo reemplazado por los ‘derechos humanos’, una estratagema puramente política para someter a autoridad foránea a los gobiernos nacionales. Hoy las potencias coloniales de nuevo cuño ya no son imperios, sino burocracias no electas por nadie. Tampoco triunfantes en una guerra. Son el desafío ideológico de determinados grupos políticos que pretenden un gobierno global no elegido, que conculque las libertades de los estados nacionales”, sostiene Ghersi.
Cita el ejemplo de la congresista Janet Rivas –presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos– quien, sin fijar nueva fecha, canceló la citación a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, y a los demás integrantes de ésta –Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera y Luz Tello de Ñecco– para que respondan por las acusaciones sobre un supuesto abuso de poder y uso político de sus cargos. ¡Simple y llanamente adujo “motivos de fuerza mayor”! En este asunto, el Congreso tiene la facultad constitucional de investigar y sancionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
“Es parte del sistema de los ‘check & balances’ de la Constitución. Existen sospechas de existir violación a la autonomía institucional, consecuentemente hay indicios de haberse cometido faltas graves”, dice el también constitucionalista. Citó el caso del chileno Garafulic –funcionario de la ONU en Lima– quien asimismo intentó que el Congreso no investigara a los miembros de la JNJ, y fue “convocado” por la Cancillería. “No basta con haberlo convocado. En el día debió ser declarado persona no grata y expulsado del Perú. Ha usurpado funciones de las Naciones Unidas sin autoridad alguna”, agregó.
La verdad es que este gobierno gelatina que preside Dina Boluarte permite que, impunemente, organismos internacionales –sin prerrogativa jurídica de cualquier naturaleza para tratarnos como párvulos, como vienen haciéndolo– se arroguen la facultad de interferir en las facultades de nuestro poder Legislativo, por hechos sobre los cuales no tienen facultades para hacerlo, dentro del derecho internacional. De seguir haciéndolo, como hasta ahora, el régimen Boluarte debe ser acusado por entreguista ante nuestros tribunales –el de Justicia y el Constitucional– para que al más breve plazo adopten las medidas correspondientes. Ni podemos ni queremos tener a un enemigo de nuestra soberanía cómodamente instalado en el ápice del poder. Defienda los privilegios de nuestro Estado de derecho, presidente Boluarte, aplicando sólo la Constitución y las leyes. ¡Esa es obligación constitucional!
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