Grave fraccionamiento político del Congreso

Desde el comienzo de sus funciones, en esta columna defendimos al Congreso elegido en abril 2021, a pesar de la presencia de muchos sujetos de la peor estofa política, provenientes de una izquierda extremista aliada al terrorismo y cómplice del oficialismo, que apoyó al ágrafo/golpista/corrupto Pedro Castillo. Aquello le impidió al Congreso actuar como ente corporativo en beneficio de las mayorías.

En todo momento hemos respaldado la presencia en el Legislativo de jóvenes valores de la política, identificados con los principios democráticos y garantes de un Estado de Derecho. Pero insuficientemente habilidosos en la hermenéutica parlamentaria e incipientes en el arte de hacer política, cimiento de una entidad tan compleja y engañosa como el Parlamento. Sin embargo, el Congreso supo situarse a la altura de las circunstancias desde el día en que Castillo asumió el poder, premunido de una obsesión aprendida del golpista Martín Vizcarra: ¡Clausurar el Congreso! Aunque Vizcarra asimismo provocó la muerte de 200,000 peruanos, por su desinterés en manejar coherentemente la pandemia Covid.

Los detalles de sus faltas son conocidos, así que evitaremos reiterarlos. No obstante, al margen de su condenable desidia en cuidar la vida y salud de los peruanos, y su sinvergüencería vacunándose primero que todos contra aquel virus mortal –y, además, haciéndolo en secreto– Vizcarra destaca por su vena golpista y traicionera, inmundo ejemplo que copió Castillo usando aquellas mismas malas artes del felón Vizcarra desde el primer día de gestión de gobierno.

Por fortuna, la mayoría democrática congresal comprendió aquello y elaboró una estrategia inteligente, que indudablemente dio resultados apenas el golpista Castillo quebrase el sistema democrático, cuando demandó a las Fuerzas Armadas y a la Policía la clausura del Congreso, el apresamiento de la Fiscal de la Nación, el cierre del Tribunal Constitucional, y la intervención del poder Judicial y Junta Nacional de Justicia, entre otras instrucciones violatorias del Estado de Derecho que, a no dudarlo, configuraron un irrefutable golpe de Estado.

Por fortuna, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, consiguió que fracase aquel golpe, imputando horas antes –con pruebas en la mano– al autor del mismo, consiguiendo así que el Parlamento presente, inmediatamente, la correspondiente denuncia constitucional por quebranto de la Carta, con lo cual salvó la democracia. Todo lo demás es historia que jamás debemos olvidar.

Sin embargo, superado el golpe de marras e instalado el gobierno democrático y constitucional de Dina Boluarte, el eje político que concertaba una mayoría en el Legislativo optó por quebrantar aquella dinámica unitaria y proactiva, que le había permitido dar batalla y avanzar –aunque lentamente– en su obligación de legislar a favor de la sociedad.

Lamentablemente, el costo de aquella desunión es letal para la estabilidad democrática y presupuestal de este régimen, que va aprendiendo a poquitos las artes de gobernar en medio de una terrible falta de autoridad (Puno); un esperpéntico resquemor y una falta de decisión que crea una incesante crispación social; sumado aquello a las consecuencias de una potentísima depresión estructurada por el ágrafo/golpista/corrompido Castillo, ahora además multiplicada por la inestabilidad internacional.

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