Guerra contra la inseguridad ciudadana

La tendencia de la inseguridad ciudadana que viene diezmando al Perú –agravada desde que el régimen Kuczynski abriese las puertas a una desbocada invasión de cientos de miles de venezolanos–, hoy está descontrolada. Pronto podría llegar a colocarnos entre los países más riesgosos del planeta.

La inseguridad también acarrea riesgos para la economía, forzando al empresariado a adoptar mayores precauciones para proteger su integridad y patrimonio personal, generando aquello menos productividad y más alzas en el costo de vida. Por último, lo obliga a usted, amable lector, a contratar costosos seguros de salud física y mental. Recordemos que hombres, mujeres y niños son asaltados un día sí y el siguiente también, mermando su contribución a la economía.

También se ha instalado un temor generalizado en los inversionistas, acompañado del aumento de costos a futuros proyectos al demandar uno nuevo: seguridad. Esto afecta tanto las finanzas como el ánimo entre los emprendedores. También eleva el riesgo de disturbios en barrios, ciudades y carreteras, con lo cual se atenta contra otro motor de nuestra economía; el turismo, ahondando la crisis social y económica en que está sumido el país. No debemos ni queremos seguir engañados con el estribillo que “la Policía adoptará nuevas acciones para contener el crimen y la delincuencia.” ¡Pura ilusión! Y las ilusiones, señores del gobierno, jamás resolverán el estrepitoso problemón en que estamos. Porque a menos que con urgencia ustedes adopten medidas coherentes, cada hora la espiral de inseguridad seguirá disparándose.

Ha llegado el momento que la presidente Dina Boluarte y su consejo de ministros tomen al toro por las astas, para que el Estado enfrente una inseguridad ciudadana cada hora más extrema. Solo si este gobierno actúa inteligentemente (un milagro, considerando el grado de la materia gris que reúne), la ciudadanía no se levantará contra sus integrantes para echarlos por ineptos.

Y como consecuencia, el Perú acabe como otros países regionales, dominados por mafias delincuenciales, retroalimentadas por el terrorismo y narcotráfico. ¡Como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Colombia, etc.! Al paso que andamos, amable lector, esto se acerca cada hora. Urge pues que el gobierno que preside Dina Boluarte coordine con los poderes Legislativo y Judicial y la Fiscal de la Nación, para que el Ministerio del Interior, el comando de la PNP, el Ministerio Público, el Inpe y demás entes estatales responsables de mantener el orden interno –incluyendo la Fuerza Armada– dejen sus viejos celos y contradicciones para encontrar una solución conjunta, inteligente e inmediata que neutralice la terrible inseguridad ciudadana que, cada día, corroe al Estado. Y, además, diezma la vida, salud y el patrimonio de 33 millones de peruanos.

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