¿Hasta cuándo, amable lector?

Los sucesivos gobiernos que vienen operando en el país desde que estallara el escándalo Odebrecht han tenido una actitud cómplice respecto a la inconducta de determinados jueces y fiscales de la República. En especial, a la desidia, la permisividad e incluso la complicidad que han exhibido, fundamentalmente, los fiscales Rafael Vela Barba y Domingo Pérez, en el manejo de los expedientes que tienen a su cargo. Nos referimos a esos multimillonarios casos de asalto al Estado peruano y corrupción de funcionarios, cometidos tanto por presidentes de la República, como por burócratas de alto y medio rango dentro del aparato estatal.

Esto mismo decimos respecto a aquellos cientos de parlamentarios que han desfilado por el Legislativo durante el citado periodo. Ninguna llamada de atención y menos alguna sanción han dictaminado ambos poderes del Estado, cuyos representantes fueron elegidos por la sociedad peruana. ¡Al final del día, la única culpable de tamaño desinterés y pasividad que afecta, precisamente, a sus bolsillos!

Porque no solamente la firma Odebrecht le ha robado US$ 25,000 millones a los 32 millones de peruanos –a través de sobrecostos que le cobró al Estado–, sino que no ha pagado una sola reparación civil, multa, compensación, etc. ¡Ello pese a que, públicamente, su principal propietario ha admitido que su empresa perpetró semejante crimen financiero en perjuicio de los peruanos! Ya llevamos seis años metidos en este drama, desde que en enero 2017 ocurrió la primera captura –un funcionario menor llamado Edwin Luyo– alrededor del caso Lava Jato. Un año después se destapó el affaire Toledo; luego vino la denuncia contra Humala.

Le siguió la acusación a Kuczynski. Y esta historia continúa con el suicidio de Alan García... ¡Sin embargo, no existe un solo pez gordo preso! ¿Por qué ninguno de los citados gobiernos, ni tampoco un solo congresista, se atrevió, por ejemplo, a cuestionar el pacto secreto firmado entre Odebrecht y los fiscaletes Vela Barba y Pérez Gómez (arrogándose la facultad de hacerlo "a nombre de la nación”), lo que equivale, en pocas palabras, a una bula papal que favorece exclusivamente a la constructora brasileña? ¿Por qué firmaron Vela y Pérez un convenio a nombre del Estado peruano, cuando el exclusivo llamado para hacerlo era el Fiscal de la Nación? ¡Lo mandan la Constitución y aquellas leyes que reglamentan al Ministerio Público! Los cuestionamientos que subsisten alrededor de la actuación de la Fiscalía y del poder Judicial, se cuentan por centenares.

Pero el Estado ha permanecido –y permanece– mudo; en la práctica cómplice de ese escándalo encapsulado por quienes administran la nación a propio interés. ¿Por qué? ¡Porque prevalecen poderosos intereses! Como Odebrecht, varios jueces y fiscales, ex presidentes y vicepresidentes, ex congresistas, ex ministros, periodistas alojados en la mal llamada gran prensa, etc. ¡Es decir, un Estado corrupto, incapaz de investigarse a sí mismo! Mientras apenas voces aisladas –como la de este periódico– exijan que se esclarezca este escándalo, que los culpables ingresen tras las rejas, y que el país obtenga resarcimiento, no dejaremos de ser una sociedad corroída por la podredumbre.

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