Horas sombrías
Nunca antes habíamos visto algo similar a lo que viene ocurriendo en el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El deterioro institucional ha llegado a sus extremos más bajos que la integridad institucional se ve amenazada con anuncios de reorganización o ceses de sus principales directivos. Las inconductas de sus representantes son cada vez más expuestas por la prensa frente a una opinión pública que no sale de su asombro y acaso justificada indignación. Esta situación de derrumbe institucional vino ocurriendo en este último decenio o, más concretamente, desde la abierta intromisión del expresidente Vizcarra y de sus aliados políticos y de la prensa, en ambas instituciones, politizando la justicia.
Ahora la JNJ vive en cuenta regresiva. Todo pareciera indicar que, en el Congreso de la República, esta vez, se viene consolidando la posición de desaforarlos a todos sus miembros. Por lo pronto, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales acordó destituirlos de sus cargos e inhabilitarlos por diez años. Y la Comisión Permanente ya decidió que el próximo lunes 26 de febrero debatirá este acuerdo para pasarlo, de prosperar, al Pleno del congreso para su última y definitiva decisión.
Para medir la correlación de fuerzas en la Comisión Permanente, se contaría con el siguiente escenario de los votos favorables por la destitución: Fuerza Popular, que es la primera mayoría del Congreso, cuenta con seis integrantes; Alianza para el Progreso y Perú Libre, con cuatro cada bancada; Avanza País con tres y Renovación Popular con dos. Acción Popular, con dos integrantes y Unidad y Diálogo con uno. Mientras que las bancadas que se opondrían serían Cambio Democrático, Podemos Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú. Si ello ocurre y se proyecta lo que ocurrió en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, se tendría como resultado 22 votos a favor frente a ocho en contra. Veremos qué pasa el lunes.
Otro caso que mantuvo a la población atenta a su desarrollo fue el protagonizado por el jugador Paolo Guerrero y el Club César Vallejo. El motivo fue la decisión del jugador de renunciar al club, debido a las amenazas recibidas por su familia, especialmente su mamá, las que terminaron por quebrar, inicialmente, al ídolo deportivo. En mucho se trataba de la inseguridad ciudadana que había puesto en agenda iluminada, esta vez, por los reflectores de una prensa nacional potente y por la presencia de una figura mediática como Guerrero. Luego de reuniones sucesivas entre ejecutivos del club y el jugador se encontró, finalmente, la salida y las aguas volvieron a su nivel.
Luego de reconocer que las amenazas existieron y anunciar que la institución redoblará la seguridad de su jugador y la de su familia, informaron, finalmente, que el jugador iniciará con sus entrenamientos y que todo fluirá. “Nuestro compromiso está y estará basado en el respeto mutuo y consideración, como pilares de cualquier disciplina deportiva que se proyecta en beneficio de la comunidad”, señala el comunicado.
Otra realidad, que es tocada tibiamente por los medios, es la información que el fiscal supremo Alcides Chinchay inició las diligencias previas para decidir si abre investigación contra el periodista Gustavo Gorriti, y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, por las declaraciones que dio el exasesor Jaime Villanueva, según recoge la prensa.
Como se recuerda, Villanueva declaró que el director del portal IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, dirigía las investigaciones del equipo especial Lava Jato, integrado por Vela y Pérez. “Ya expliqué la relación con Gustavo (Gorriti), que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez, de hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal suizo (Stefan) Lenz”, dijo Villanueva en esa oportunidad. Esperemos que la investigación avance sin contratiempos.
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