Inmunidad no es impunidad
El aforamiento presidencial, amable lector, no implica que el presidente sea inmune al crimen. Como tampoco la Inmunidad es sinónimo de impunidad, tal cual lo consideran el oficialismo corrompido y sus asociados Podemos, Alianza para el Progreso, Acción Popular. La condición de aforado supone que durante su mandato el presidente sólo podrá ser juzgado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso al margen de lo establecido en el artículo 134 de la carta magna, y/o vetar su reunión. Y previo a cualquiera denuncia ante el poder Judicial la acusación deberá tramitarse ante el poder Congreso. En caso éste encuentre culpabilidad, procederá a denunciarlo ante el juez. ¡Cualquier otro delito que cometa durante su gestión, será denunciado al finalizar ésta! ¡Sin embargo aquello no signifca que si hallase la Fiscalía de la Nación indicios razonables de que el presidente es el presunto dirigente de una organización criminal -que se dedica a robarle a los ciudadanos- dicho mandatario pueda continuar gobernando la nación! Un mínimo criterio de razonabilidad vuela en pedazos cualquier pretensión por convalidar esta tontería. ¡Es lo mismo que si encontrasen muerta a una persona en el Despacho de la Presidencia -apenas un año después de juramentado el mandatario- y a su lado aparece el presidente portando el arma humeante en la mano; pero la Fiscalía se viese vetada de denunciarlo como presunto culpable, hasta recién cuatro años después! En tal caso, Castillo quedaría expedito para cometer el mismo –u otro- crimen cuantas veces quiera. Inclusive, antes de concluir su mandato podría fugarse del país amparado en el aforo a su investidura. Esta clase de interpretaciones, amable lector, no resiste la menor duda. ¡Quien delinque de la manera en que lo hace Pedro Castillo -según la cantidad y contundencia de los indicios, evidencias y pruebas presentadas por la Fiscalía de la Nación (como parte de la Denuncia Constitucional que ha formalizado ante el Congreso)- ha quedado invalidado para seguir ejerciendo la presidencia del país. Porque, caso contrario, permanecerá desvalijando de manera continua al Estado, afectando temerariamente a todos los ciudadanos.
Apostilla. Este escriba no concilia con el derrotismo de la mayoría ciudadana, resignándose al resultado oficial de una elección plena de sospechas de fraude que ofende la moral de los peruanos. Fuimos víctimas del engaño denunciado documentadamente por un grupo de ciudadanos (Lourdes Flores a la cabeza), con credenciales suficientes para respaldar la demanda de nulidad presentada contra el resultado de los comicios de 2021. Sin embargo, el todavía presidente del Jurado Nacional de Elecciones JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ha dado la callada como respuesta, considerando despóticamente que con su silencio pone fin a este infame incidente. Pero no las tiene todas consigo. Ya existe en trámite una acción de amparo contra el JNE, reclamando “la nulidad de la Resolución 750-JNE-2021”, que proclamó ganador de las elecciones a Pedro Castillo. Fue presentada por el abogado Javier León Eyzaguirre. El Jurado sospechosamente no ha contestado aún la demanda. Tocará al poder judicial atender -sin más trámite- este asunto de capital importancia.
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