¡Insistimos, somos un Estado fallido!

Lo que sucede en Registros Públicos es atroz. Vivimos jaqueados, con nuestra seguridad personal en manos de una camorra que controla RRPP, dinamitando nuestra seguridad personal, familiar y patrimonial. ¿Protestará o permanecerá calladito, amable lector?

Para el mundo civilizado, para las democracias del resto del planeta y para los historiadores del orbe entero, el Perú califica –en caso algún iluso todavía no lo supiese- como aquello que se llama un Estado Fallido. Por lo pronto, el Estado peruano cumple una de las reglas de oro para serlo. Según el reputado jurista, filósofo, historiador, politólogo y sociólogo alemán Max Weber, un Estado es fallido cuando es incapaz de conservar el monopolio legítimo del uso de la violencia pública. Peor todavía. Se considera un Estado Fallido al que exhibe la ineficacia total de su gobierno, donde no exista Estado de Derecho, y donde prime la violencia para capturar el poder. ¡Todas estas acepciones tienen plena vigencia en el Perú! ¡Sin embargo, son contados con los dedos de las manos los peruanos que se indignan frente a semejante amenaza! ¡No solo contrarias al sistema democrático y al orden constitucional, sino contra la vida, salud y patrimonio de la persona! Por antonomasia, los Estados necesitan ostentar la autoridad absoluta para ejercer el monopolio de la violencia física, como el mecanismo fundamental para legitimar y garantizar, tanto la voluntad popular como la vigencia del bienestar ciudadano. ¡Pero aquello no sucede en el Perú! Para empezar, acá el Estado ha claudicado en sus funciones básicas -como responsable de velar por la seguridad ciudadana- al permitir una explosión de bandas de sicarios que controlan espacios dentro de las ciudades, cuyas áreas se expanden cada hora a vista y paciencia del “gobierno”. ¡Ni qué decir de la existencia de territorios liberados –ejemplo, el Vraem- en poder del terrorismo de sendero luminoso, infiltrado en este gobierno vía aquel sindicato magisterial que liderara Castillo antes de ejercer la presidencia; gremio que en amplísima medida ahora dirige el Ministerio de Educación!

Pero partamos del principio. Además de la incapacidad absoluta del gobierno para gestionar este país, según la Fiscalía de la Nación al Perú lo gobierna una organización criminal presuntamente dirigida por el presidente de la República. Funcionario aforado ergo no puede ser juzgado sino hasta el fin de su mandato (28/7/26). Asimismo, buena parte de los legisladores está comprada por Pedro Castillo, vía favores de toda naturaleza concedidos por la organización criminal que él lideraría. Gracias a ello el Congreso vota mayoritariamente a favor suyo, permitiéndole seguir asaltando nuestro Estado cuatro años más. A juicio de esa mayoría, sólo entonces (2026) podrá la Fiscalía denunciarlo ante la Justicia. Y sólo desde entonces también, iniciar un proceso que tomaría mínimamente una década para definir si Castillo fue o no aquel capo de una organización criminal que gobernó el Perú durante un quinquenio. Para esto, ¿cree usted, amable lector, que Castillo dejará el poder el año 2026; o que, antes de terminar su mandato, este sujeto se establecería formalmente como el dictador que ya es?

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