JNJ: Grave escándalo

Venimos insistiendo, con preocupación, sobre las irregularidades que rodean a la Junta Nacional de Justicia JNJ, ente del Estado ideado por el imputado por corrupción y golpista Martín Vizcarra, para sustituir al Consejo Nacional de la Magistratura, impuesto a la sociedad a través de una forzada reforma constitucional vía referendo al paso.

Por acción o por inacción, ha sido desafortunado el comportamiento de esta repartición pública encargada de nombrar, evaluar, ratificar, sancionar y destituir a los jueces (incluye a los magistrados de primera instancia como a las cortes Superior y Suprema) y asimismo a los fiscales; de igual manera al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Nuestra preocupación aumenta porque, en apenas año y medio de desgobierno comunista a cargo de Pedro Castillo, el Estado se ha descompuesto de manera vertebral. Al extremo que todos los sectores que dependen de la JNJ atraviesan por crisis institucionales sin que oportunamente la JNJ, a cargo de supervisar la conducta de sus integrantes, haya tomado iniciativas para corregir y superar la desvariada marcha de estas entidades de capital importancia para la democracia y el Estado de Derecho.

Reiteramos que desde hace semanas esta columna viene registrando hechos de extrema gravedad, lindantes con el escándalo, que giran alrededor de la JNJ. Tanto relativos al sector Justicia como al Jurado como al sistema electoral. Sin embargo, ayer EXPRESO denunció un hecho muy grave que no debemos pasar por alto. Empezó un par de semanas atrás, cuando el Poder Legislativo se aprestaba a debatir la suspensión de la exfiscal Zoraida Ávalos.

En ese momento la JNJ se atrevió a reclamarle “reflexión” al Congreso, respecto a la acusación constitucional que tramitaba contra Ávalos. Imagine, amable lector, el escándalo que hubiera armado este organismo si el Parlamento hubiese emitido un comunicado en esos mismos términos, reclamando sindéresis en el momento que los miembros de la JNJ estuviesen próximos a decidir un asunto de capital importancia.

No contentos con semejante atentado contra la Constitución, un grupo de temerarios miembros encargados de dirigir la JNJ habría presionado a vocales de la corte Suprema para que emitan un pronunciamiento pidiéndoles “reflexionar a favor de la exfiscal Ávalos”. Destemplada, inconstitucional maniobra para salvar a quien violó la Constitución y la ley, abriendo denuncia contra Pedro Castillo, mientras este ejercía la presidencia, pero automáticamente decretando su suspensión “hasta que concluya su mandato”. Vale decir, hasta el 28 de julio de 2026, cuando ya el Perú fuese Venezuela ll y todas las pruebas de latrocinio y quebrantos constitucionales las habría borrado el golpista Castillo.

El Congreso debe investigar este atentado perpetrado por algunos miembros caviares de la JNJ, desesperados por defender a una -hace ya mucho tiempo- cuestionada fiscal, afortunadamente hoy suspendida cinco años. ¡Y de confirmarse este hecho, castigarlo drásticamente para que no se repita! No debemos seguir siendo un país del quinto mundo, fácticamente gobernado por el fracasado y comprobadamente inmoral sector caviar, vapuleado en cuantas elecciones generales se ha presentado.

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