Justicia lenta es injusticia

Justicia que tarda, no hace justicia. Y lo que viven los peruanos desde tiempos no tan recientes es, justamente, la carencia de Justicia que trae consigo aquel anquilosado mecanismo de tortura que caracteriza a su, si pudiera llamársele, “sistema de Justicia”. Acá no cuenta el costo de la inocencia y/o la culpabilidad del ciudadano, medido en el grado que afecte a su estado síquico, emocional o finalmente físico. Porque, evidentemente, en el Perú los plazos en los procesos jurídicos no cuentan para el ser humano. Y desde luego, las consecuencias de dicha demora tampoco ayudan al resto de la colectividad porque, finalmente, si “se hace justicia”, siempre será tarde y el ciudadano seguirá desconfiando en el sistema judicial. Sistema que, ciertamente, es parte esencial de la democracia. Porque sin Justicia nunca habrá democracia, ¡Y Justicia tardía no es Justicia!

Recientemente el Congreso aprobó una ley para modificar artículos del Nuevo Código Procesal Penal, y del propio Código Penal, relativos al mecanismo de la colaboración eficaz, proceso le permite al ciudadano que esté involucrado en la comisión de delitos graves, recibir beneficios procesales a cambio de brindar información veraz y eficiente, que sirva para esclarecer sus actos delictivos. La norma aprobada reduce los plazos de duración del proceso mismo comparados con los actuales que, obviamente, pueden llegar a tomar años, convirtiéndose en una de las causas de la nefasta prolongación de los procesos judiciales. Las opiniones están divididas.

Hay especialistas que consideran que este cambio le hará daño al mecanismo de la colaboración eficaz, y otros que consideran todo lo contrario. Para un lego en la materia, como este escriba, lo que interesa es que los plazos de esa tan esperada Justicia peruana dejen de ser kilométricos, reduciéndose sensiblemente en beneficio del sistema porque, finalmente, será en provecho de la colectividad.

Hoy aparece gente que critica la flamante norma, denunciando que establecer un plazo de ocho meses, con posibilidad de prórroga, “es muy corto”. Pueril argumento. Porque ocho meses -más “prórroga”- no es poco tiempo en la vida de un ser humano procesado. Tampoco lo es para el interés de la comunidad, porque los involucrados permanecerían sujetos a plazos indeterminados. Otro razonamiento contrario es que la reforma limita sus efectos sólo a casos de crimen organizado, corrupción, minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, terrorismo.

A nuestro juicio, un abanico bastante completo. Aunque, por sentido común, sospechamos que la queja apunta a apañar el statu quo del impropio “sistema de Justicia peruano”, porque persiste en eternizarlo. Posiblemente sí beneficie a una Fiscalía como la actual -lenta, casi parapléjica- pero a costa de seguir sacrificando al ciudadano. Una vía para no perennizar estos eternos procesos, como sucede ahora, sería multiplicar la cantidad de fiscales y de jueces, mejorando su capacidad profesional para ir eliminando ese costo oculto que implica seguir manteniendo un alto número de burócratas con bajo nivel competencial en el sector Justicia, generador de tanta medianía, lentitud como improductividad. ¡Pero de ninguna manera debemos seguir soportando esos plazos que actualmente demanda nuestro anquilosado sistema jurídico!

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