¡La debacle de Zoraida!

De nada valieron sus “argumentos” a la ex fiscal Suprema, antes Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y esos costosos servicios del abogado Eguiguren, que adquirió en casi US$4 millones la residencia de nuestra Embajada en Madrid, por la cual hoy ofrecen US$2.5 millones: o la complicidad a su favor de medios como RPP; canal n, El Comercio, La República; o la injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para evitar lo inevitable: los cinco años de suspensión para Ávalos.

Esta fiscal, entre otros oscuros intereses, dio su total apoyo a los ineptos fiscales Vela Barba y Pérez Gómez que, durante un lustro, engañaron al país supuestamente “investigando” a Odebrecht, Graña y demás auto declarados corruptos, que robaron cientos de millones de dólares al Perú sin haber sido pasibles, hasta hoy, de una sola acusación fiscal. Incluso no fueron investigados como organización criminal.

Ello pese a que Odebrecht y Graña transpiraban -y todavía transpiran- esa condición. Por este “descuido”, después de más de un lustro ambos no se encuentran procesados por el poder Judicial, y todo apunta a que la mayoría de sus crímenes acabarían prescritos. En esta oportunidad, la ex fiscal Zoraida Ávalos -pese a sus oscuras movidas con congresistas; particularmente los “niños” y demás padres de la patria con cuentas pendientes que las investiga el Ministerio Público- hizo lo inimaginable por evitar ser suspendida, a raíz de una denuncia constitucional por encubrir, tanto al golpista Castillo como a Vizcarra, instigador de la muerte de 200 mil peruanos por la peor gestión del Covid en todo el planeta.

¡A ambos les abrió y, automáticamente, cerró las investigaciones “hasta que culmine su gestión”! En el caso de Castillo aún hoy no lo habría denunciado, favoreciendo la cubanización de nuestra patria. ¿Por qué la actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, consiguió investigar, imputar y acusar al ex presidente Castillo desde el inicio de sus funciones; y por qué no lo hizo Zoraida Ávalos? Evidentemente por intereses políticos e irresponsabilidad ante su obligación constitucional, fuera de patriótica.

Por cierto, nuestra Constitución dispone que el Congreso está facultado a abrir acusación constitucional contra altas autoridades “que cometan infracción de la Constitución”. ¡Como ocurrió con la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos! Con más razón si, como era su caso, siguió ejerciendo el cargo de fiscal suprema. Y esto fue lo que hizo el Congreso: investigar, juzgar y sancionarla con pena de suspensión, habiendo inclusive podido destituirla. Esto debió conocerlo una enemiga de la democracia peruana denominada “Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Así como esta dictaminó que ‘Castillo nunca dio un golpe de Estado’, en este caso mostró su preocupación por las “acusaciones contra personas (Zoraida Ávalos) operadoras de justicia en el Perú”, amedrentando al Congreso para “que garantice el derecho a defensa e independencia judicial”. Desde acá le decimos a la CIDH (a la que perteneció el inefable Eguiguren): se le nota el fustán cuando habla del Perú: ¡dedíquese a poner orden en Bolivia, Argentina, Venezuela, etc. y deje tranquilo al Perú!

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