La decisión del Congreso de inhabilitar a Zoraida Ávalos

Los congresistas hemos sido elegidos por el pueblo para hacer su voluntad. De lo contrario, deshonraríamos su confianza y quedaríamos totalmente apartados del sentir nacional, para luego terminar dominados por conveniencias particulares que, en la política peruana, al igual que en muchos otros países, estamos llamados a desterrar para acabar de una vez por todas con esa errada e injusta idea de que “son pan de cada día”.

Por eso, y guiada por mis convicciones democráticas, así como por el más puro sentido común que como parlamentaria y ciudadana tengo contra la impunidad, lo incorrecto y lo indecente, no dudé un solo instante en formular la denuncia contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, además de infracción constitucional.

Esta acción, que inicialmente no fue bien vista en los pasillos parlamentarios, estuvo siempre guiada por los principios de la verdad y la justicia. Muchos no comprendieron el sentido de mi actuar, pero las evidencias eran contundentes: la señora Ávalos politizó el cargo más alto del Ministerio Público, puso la institución al servicio de intereses ideológicos particulares y transgredió los deberes que le impone la Constitución al negarse a perseguir el delito pese a los claros indicios de corrupción.

Frente a todo eso, fresca como una lechuga, la señora Ávalos empezó una carrera de cubileteo, un trabajo de hormiga para intentar salvarse, ofreciendo el oro y el moro. No tuvo escrúpulos ni pudor jurisdiccional, pese a que eso debería ser característica fundamental de cualquier magistrado. Ella era consciente de que se le venía la noche y trató de comprar la conciencia de varios de mis colegas para que no voten por su inhabilitación. Felizmente, eso no sucedió: fuimos 71 congresistas, mucho más del número exigido por la ley, quienes nos unimos en defensa de la democracia y contra la impunidad, y logramos que una falsa fiscal, ansiosa de violar la ley, sea inhabilitada. Es decir, cumplimos a cabalidad con nuestro deber de control político.

No hay nada más perverso para un congresista que actuar de espaldas a la ciudadanía: eso es traicionar la confianza de quienes nos eligieron. Y si bien es lógico y comprensible que algunos no estén de acuerdo con la decisión histórica que el Congreso de la República tomó la tarde del 21 de junio -ya que de eso se trata también la democracia-, debemos ser conscientes de que estamos luchando contra intereses enquistados en todos los rincones del Estado. Si no, veamos cómo empezaron a salir de sus madrigueras, uno tras otro, todos los caviares para defender, no a la señora Ávalos, sino sus intereses y el poder que han acumulado en confabulación con malos políticos y funcionarios.

Por Patricia Chirinos Venegas

(*) Congresista de la República

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