La forzada cuestión de confianza traslada votos del oficialismo a la oposición

Después de conocerse los controvertidos resultados de las elecciones 2021 se preveía que la oposición en el Congreso sería una sólida mayoría que, en equilibrio de poderes, fiscalizaría y ejercería control político al gobierno de Pedro Castillo.

Todo cambió cuando Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y otras bancadas identificadas como oposición, con la excusa de apoyar la gobernabilidad del país, respaldaron a Castillo frente a las innumerables denuncias en su contra. Lamentablemente, la oposición en el Legislativo es una valiente minoría que, a pesar de no tener los votos necesarios, persevera en su lucha para enfrentar a este inepto y corrupto gobierno.

Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular han sido los únicos partidos políticos que mantuvieron coherencia en su desempeño y unidad al momento de votar. Sus congresistas, junto a legisladores de diferentes bancadas han mostrado un comportamiento ecuánime, convirtiéndose en el último bastión que nos queda para preservar la democracia. Por ello no deberíamos poner en el mismo saco a los buenos congresistas con los de otras organizaciones políticas que han venido jugando su propio partido. No han sido ni chicha ni limonada. Sólo son grupos organizados de “frescos” congresistas que a la hora de votar se coludieron con el Gobierno para saciar su sed. Pareciera que lo único que les interesara es asegurar su salario hasta el 2026.
La prepotente estrategia del Gobierno de imponer cuestión de confianza para forzar que el Congreso la rechace, quemando su bala de plata, para luego cerrarlo, se convierte en una oportunidad para la oposición porque es evidente que algunos legisladores oficialistas y los advenedizos tránsfugas andan temerosos ante la posibilidad de quedarse desempleados. Una clara señal ha sido verlos votar en bloque, junto a la minoría, para interponer una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional contra el Ejecutivo, por pretender arrogarse competencias que no tiene.

El acta firmada del Consejo de Ministros es una prueba contundente que, para el Ejecutivo, el Congreso le ha rehusado la confianza. Asumirlo es una flagrante infracción constitucional por la que el gobernante y los ministros firmantes podrían ser denunciados constitucionalmente y terminar en prisión.

El Legislativo, como correspondía, ha salido a defender la institucionalidad y los fueros del Congreso ante el intento de un inconstitucional golpe de Estado.

Castillo, desesperado por cerrar el Congreso, amenaza a sus adversarios políticos y ningunea a sus congresistas quienes hasta ahora lo habían apoyado, pero, ante el riesgo de ser traicionados, ver afectada su continuidad y economía, podrían sumar sus votos a los de la minoría para destituirlo.

Frente a una inminente dictadura, el Congreso debe optar entre matar o morir, pero siempre con la ley, como único escudo, en sus manos.

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