¡La hora cero del Congreso peruano!

Mediante un contundente documento, una valiente mujer llamada Patricia Benavides, hoy Fiscal de la Nación, denunció ante el Parlamento a Pedro Castillo como presunto líder de una organización criminal. El escrito contiene firmes indicios de que Castillo presidiría aquella organización criminal, abocada a perjudicar al pueblo amañando licitaciones en beneficio de quienes integran la cúpula de poder y también en provecho de sus amigos. Además, Castillo ejerce una atroz campaña de obstrucción a la justicia aprovechando todo el poder que le concede el hecho de continuar manejando los hilos del poder. Atendiendo un pedido del Ministerio Público, el juez Víctor Zúñiga ordenó el allanamiento de viviendas y oficinas de quienes hasta ayer integraban un consejo de ministros ilegal, que operaba bajo la sombra del gabinete de paja que preside Aníbal Torres. Con profesionalismo ideal y exhibiendo una coordinación nunca antes vista, el Ministerio Público cumplió esta misión apoyado por la Policía Nacional a su servicio, dirigida por el coronel Colchado.
El Congreso ya tiene entre manos la denuncia constitucional que imputa al presidente Castillo por presunta jefatura de una organización criminal para perjudicar al Estado. El destino de la imputación dependerá de la solvencia –o acaso de la miseria- con que los congresistas resuelvan esta coyuntura vital para el futuro del Perú. O la mayoría de los congresistas asimila la importancia de esta denuncia constitucional y la resuelven con cordura, valor y sentido común, declarando la vacancia en el cargo de aún Jefe de Estado Pedro Castillo -aplicando el artículo 118 de la Carta- por incapacidad moral para gobernar e, igualmente, elevan ese expediente al poder Judicial, para que inicie un proceso contra Pedro Castillo; o lo suspenden del cargo presidencial (artículo 114) por incurrir en infracción muy grave contra la Constitución, sufientemente sustentada por la Fiscal de la Nación en la citada denuncia. Ambos extremos salvarían al Perú de convertirse en espejo de Venezuela y Cuba. Recuerden, señores congresistas. Lo que tienen entre manos es la vigencia de una nación democrática gobernada dentro de un Estado de Derecho. Resolviendo mal, ustedes convertirán al Perú en una republiqueta más de la órbita comunista sudamericana. Los peruanos esperan que sus legisladores adopten -con valentía- la decisión correcta que afirme la opción democrática, sin ceder ante la presión bolchevique que amenaza incendiar el país si este Parlamento decide ejercer –en mayoría- su verdadera función como primer poder del Estado, aplicando la norma por más ruido político que aquello genere. En caso los congresistas resolviesen la coyuntura con la debida valentía, el Constitucional sabrá respaldar la decisión que adopte el, por ahora, probablemente último Congreso democrático que tendría el Perú.
La Fiscal de la Nación ya estableció el norte, señores legisladores. Por cierto sufriendo un cobarde ataque de gente como el premier Aníbal Torres, quien la ha difamado sin el menor respeto sólo para deslegitimar su trabajo. El poder jurídico está conminado a cuestionar al poder político cuando sobrepase la norma. Pero el poder político jamás debe cuestionar al poder jurídico, porque dinamitaría la Justicia.

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